Ginebra.- La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos aseguró este jueves que la situación en Haití, país asolado por la violencia de bandas, es un «cataclismo» con más de 1,500 muertos a manos de esos grupos en lo que va de año, por lo que pidió una acción «audaz e inmediata» para hacerle frente.
Según un informe de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk, los crecientes niveles de violencia de bandas en el país han agravado la corrupción, la impunidad y el desgobierno, lo que está erosionando el Estado de derecho y haciendo que la población se vea «gravemente privada» de sus derechos.
«La corrupción generalizada y las disfunciones del sistema judicial contribuyen en gran medida a la impunidad generalizada de las violaciones graves de los derechos humanos y deben abordarse urgentemente», afirmó el alto comisionado al presentar el informe.
En este sentido, los datos del informe revelan un aumento significativo del número de víctimas de la violencia de bandas en 2023, con 4.451 muertos y 1.668 heridos registrados en el periodo comprendido entre septiembre de 2023 y febrero de 2024.
Sólo en los tres primeros meses de 2024 se registraron al menos 1,554 muertos y 826 heridos.
También ha verificado casos de violencia sexual por parte de las bandas para «embrutecer, castigar y controlar» a las personas, con casos de mujeres que son explotadas sexualmente o violadas para obligar a sus familias a pagar rescates.
Las bandas siguen, además, reclutando y abusando de menores que no pueden abandonar sus filas por miedo a represalias, lo que, en algunos casos, ha llevado a la muerte de jóvenes miembros de las bandas por intentar escapar, advierte el informe.
La oficina del alto comisionado se mostró igualmente alarmada por la creación de las llamadas «brigadas de autodefensa», las cuales, aseguró, «se toman la justicia por su mano», con al menos 528 casos de linchamientos perpetrados por éstas en 2023 y otros 59 en 2024.
El informe también destaca cómo, a pesar del embargo de armas, se mantiene un suministro transfronterizo de armamento y munición para las bandas, lo que hace que éstas tengan a menudo mayor fuerza armamentística que la propia Policía Nacional de Haití.
Ante esta situación, Türk reiteró la necesidad urgente de una misión multinacional de apoyo a la seguridad para ayudar a la Policía Nacional del país a «detener la violencia, proteger eficazmente a la población y restablecer el Estado de derecho en el país».
«Es chocante que, a pesar de la terrible situación sobre el terreno, sigan entrando armas. Hago un llamamiento para una aplicación más efectiva del embargo de armas», declaró Türk.
No obstante, recordó que reforzar la seguridad por sí solo no aportará soluciones duraderas y pidió que se apliquen políticas encaminadas a restaurar el Estado de derecho y prevenir la violencia.
Por ello, instó a todas las partes nacionales a entablar un diálogo constructivo que facilite un acuerdo político hacia una transición democrática que conduzca a unas elecciones legislativas y presidenciales libres y justas.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en octubre del pasado año el despliegue de una fuerza multinacional en Haití, a petición del propio Gobierno del país para detener la espiral de violencia.
Esta misión debía estar encabezada en sus inicios por fuerzas de seguridad de Kenia, aunque la Justicia del país africano bloqueó su envío en enero al considerarlo «inconstitucional», lo que ha retrasado una operación que, a pesar de estar aprobada por la ONU, no depende directamente de ésta.
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