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Maniobras fraudulentas de las que se valían imputados del caso Calamar para sustraer dinero del Estado

Operación Calamar

En el documento depositado por el MP figura el exsenador por la provincia Azua, Rafael Calderón, así como los exministros imputados desde el inicio de la investigación Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero. 

Procuraduría General de la República
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Santo Domingo. – Conforme al Ministerio Público (MP), los 46 acusados incluidos en la Operación Calamar ejecutaban pagos fraudulentos realizados por concepto de expropiación desde el Ministerio de Hacienda. 

El MP asegura que entre los inculpados del caso, Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Víctor Matías Encarnación Montero, Rafael Porfirio Calderón Martínez y Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana formaron una coalición de funcionarios y junto a los demás acusados, estafaron al Estado dominicano e instauraron un esquema de soborno, logrando distraer sumas millonarias de las arcas del Estado, a través de acuerdos de reconocimiento de deuda a contratistas de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), por trabajos adicionales, incluso de obras cerradas, que el contratista no realizó, utilizando volumetrías falsas como una de las maniobras fraudulentas para lograr los pagos y que involucro a la razón social Miqui Trade y las empresas del Ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez. 

El Ministerio Público fundamenta que, “los acusados Ángel Donald Guerrero Ortiz, Omar Manuel Miqui Arias, Rosa Arias Ruiz y la razón social Miqui Trade, S.R.L., mediante la falsificación de la firma de la víctima y querellante Francisco Armando Ortega González, en documentos societarios y documentos bajo firma privada, lograron distraer la suma de cuarenta y siete millones trescientos trece mil setecientos cuarenta pesos con 47/100 (DOP 47,313,740.47)”. 

Asimismo, “esta suma fue pagada por el Ministerio de Hacienda, autorizado por el acusado Ángel Donald Guerrero Ortiz, bajo el concepto de deuda pública, mediante el libramiento de pago núm. 3685, en fecha primero (01) de noviembre del año 2018, depositado mediante transferencia bancaria desde la cuenta núm. 100010102384894 a la cuenta núm. 01100003914 del Banco Banesco, a nombre de la empresa Miqui Trade, S.R.L, propiedad del acusado Omar Manuel Miqui Arias, esto en perjuicio del Estado dominicano y de la sociedad comercial ORLA, Ingenieros y Equipos, S.R.L., representada por el ingeniero Francisco Armando Ortega González”. 

De acuerdo con el órgano acusador, “el acusado Omar Manuel Miqui Arias, a los fines de distraer la totalidad del dinero pagado por el Ministerio de Hacienda a través de la empresa Miqui Trade, S.R.L., gerenciada por él, utilizó como medios fraudulentos un contrato de cesión de crédito de fecha quince (15) de febrero del 2018, falsificado, notariado por su madre, la acusada Rosa Arias Ruiz, y un Acta de Reunión del Consejo de Gerentes ORLA, S.R.L, de fecha quince (15) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), también falsificada”. 

Para lograr la materialización de los hechos antes descritos, el acusado Miqui Arias se asoció con el acusado Rafael Porfirio Calderón quien tenía una estrecha relación con el entonces ministro de Hacienda, el también acusado Ángel Donald Guerrero, con el objetivo de que éste último solicitara el expediente a la institución deudora y procediera a la autorización de su pago, dice el Ministerio Público. 

Los imputados 

En el documento depositado por el MP figura el exsenador por la provincia Azua, Rafael Calderón, así como los exministros imputados desde el inicio de la investigación Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero. 

Además de los exministros se encuentra en el documento acusatorio de la presunta estafa al Estado Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, Rafael Porfirio Calderón Martínez, Luis Miguel Piccirillo Mcabe, Claudio Silver Peña Peña, Princesa Alexandra García Medina, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola (DePaola), Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero. 

Igualmente, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Omar Manuel Miqui Arias, Rosa Arias Ruiz, Edwin Oscar Brito Martínez, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Enrique Cabrera Ramón, Natividad Martínez Capellán, Juan Tomás Polanco Céspedes, Manuel Milcíades Morilla Gil, Manuel Milcíades Morilla Soto, Agustín Mejía Ávila, Daniel Alberto Guerrero Mena. 

En el expediente de 3,662 páginas también se incluye a 12 empresas privadas entre ellas Razón social Miqui Trade, S.R.L., Razón social Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., Razón social Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L, Razón social Brimart Comercial, BM, S.R.L., Razón social Bribae Dominicana, S.R.L., Razón social Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L., Razón social Inmobiliaria Santa Bárbara,S.R.L., Razón social Desarrollos Rurales, S.R.L., Razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., Fundación de Estudios Económicos y Políticos, INC, Razón social Financiamiento de Papeles de Créditos S.R.L. y Intercaribe Mercantil, S.A.S. 

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