PARÍS.- El debate sobre una ley de legalización de la eutanasia en Francia se abre este lunes en el pleno de la Asamblea Nacional con grandes divisiones entre la voluntad del Gobierno de Emmanuel Macron de limitar estrictamente su alcance y la de una parte de los parlamentarios de ir mucho más lejos.
La ministra de Sanidad, Catherine Vautrin, ha señalado a unas horas del inicio del debate que quiere reconducir los debates al texto inicial que presentó su Ejecutivo, y que ha sufrido sustanciales modificaciones en comisión.
En una entrevista al canal BFMTV, Vautrin ha insistido en que el nuevo dispositivo de «fin de vida» -ése es su nombre oficial- no debe acabar traduciéndose en una desigualdad de trato entre los que puedan disponer de una asistencia con unas condiciones de salud delicadas y los que no.
«Nadie en Francia debe llegar a pedir la ayuda para morir por no tener cuidados paliativos», ha subrayado después de repetir que «el objetivo son cuidados paliativos para todo el mundo» y que el proyecto de ley va precedido de un plan para ampliar de forma muy significativa esos servicios.
En concreto, se prevé una dotación de 100 millones de euros adicionales cada año durante un periodo de 10 años para reforzar los cuidados paliativos.
El hecho es que antes de llegar al plenario, la diputada ponente, Agnès Firmin-Le Bodo, considera que durante su tramitación inicial en comisión se ha roto «el equilibrio de origen» con los cinco criterios en los que se basaba el proyecto que presentó.
Esos criterios eran que, para acogerse al derecho a morir, había que ser mayor de edad, residente en Francia, tener capacidad para el discernimiento en el momento de la decisión final, sufrir una enfermedad grave e incurable con riesgo de muerte «a corto o medio plazo» y con un sufrimiento físico o psicológico sin remisión.
En primer lugar, en el trabajo en comisión el riesgo de muerte «a corto o medio plazo» ha quedado sustituido por una enfermedad «en fase terminal o avanzada».
Eso abre el marco temporal y, sobre todo, la posibilidad de sea utilizado por personas con enfermedades crónicas incurables, pero que no necesariamente sean mortales a corto o medio plazo.
Otra modificación del texto inicial se refiere a la administración de la sustancia letal. El Gobierno pretendía que los propios pacientes se la administraran salvo en los casos en los que fueran incapaces de hacerlo.
Las enmiendas de la comisión acabaron por dar libertad a los pacientes para delegar la administración de esa sustancia a otra persona que no necesariamente sería un sanitario.
Algunos diputados han planteado la posibilidad de que un paciente que haya perdido la capacidad de discernimiento durante la enfermedad pueda acogerse a la eutanasia si había formalizado esa posición en unas directivas anticipadas.
La diputada ecologista Sandrine Rousseau querría que se pudiera utilizar, por ejemplo, cuando un enfermo de alzheimer ya no puede reconocer a sus hijos.
Las modificaciones del texto inicial y el cariz que han tomado algunos debates han llevado a que el texto que ha salido de la comisión y llega al plenario tenga más adhesión de grupos de izquierda, pero más oposición de los conservadores y de la extrema derecha. En el grupo del partido de Macron hay división de opiniones.
El examen en primera lectura en el plenario de la cámara de diputados debe prolongarse hasta el 7 de junio para un voto solemne previsto el día 11. Luego el texto pasará al Senado, donde continuará la tramitación en otoño y, teniendo en cuenta que habrá una doble lectura, la adopción final de la ley no se espera antes del verano de 2025.
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