La columna de Miguel Guerrero: Una ley draconiana

Miguel Guerrero.

El país no le ha prestado la atención debida a los efectos de la ley 491-08 que despoja a las empresas del derecho al recurso de casación en casos de conflicto laboral.

La ley viola principios constitucionales y podría vulnerar el estado de legalidad en la eventualidad de que alguna empresa se vea precisada a invocar sus legítimos derechos en medio de una disputa por despido o suspensión temporal de un trabajador o un grupo de empleados a causa de fuerza mayor.

Muchas empresas se han visto forzadas a interrumpir sus actividades o en el mejor de los casos a recortar sus nóminas debido a la pérdida de mercados como consecuencia de la crisis de la economía mundial.

La misteriosa inclusión en el texto de esta ley de la frase “en materia laboral” en uno de sus artículos, ha dado origen a una situación muy delicada que puede conducir a la quiebra de empresas, con la consiguiente pérdida de empleos en el peor de los momentos. Si los efectos de la legislación son ya críticos, más alarmante resulta la bruma que parece cubrir la frase mencionada.

El sector empresarial quedó muy impactado cuando la ley fue promulgada porque aparentemente el objeto de su preocupación http://www.noticiassin.com/2012/12/reacciones-encontradas-en-torno-a-declaracion-del-cardenal-de-apretar-la-tuerca/ no figuraba en el texto de ley que se creía había sido aprobado por el Congreso.

Cuando una comisión del sector visitó al presidente de entonces de la cámara para expresarle su inquietud, éste pareció sorprendido porque en el texto del proyecto que tenía en sus manos no aparecía la frase.

La confrontación con el texto promulgado, que portaban los visitantes, permitió establecer la diferencia y nadie al parecer puede explicar ahora qué sucedió.

Mientras el misterio no se aclare de forma convincente quedará siempre la duda acerca de la existencia de alguna mano invisible, como aquella que solía cambiar los nombres de los candidatos reformistas en el camino de la Máximo Gómez a la Junta Electoral.

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