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¡Alto a la crueldad contra peregrinos del Seibo!

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La tierra es un bien social, un derecho colectivo fundamental para ejercer el derecho a trabajar y poder producir y vivir dignamente en el campo. Los latifundios privados carecen de legitimidad e incluso de legalidad.

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Los Peregrinos del Seibo están hartos de tanta crueldad. Llegaron de nuevo al Palacio de Gobierno, manifestando que solo se irían con las tierras que les pertenecen en sus manos. Es la tercera vez que vienen a la Capital a pie. Las dos veces anteriores fueron engañados.

A pulmón lleno corearon: «O nos dan las tierras o nos quedamos aquí». Reclaman al Gobierno que cumpla con la promesa de entregarles sus tierras, de la que fueron injustamente expulsados en el año 2018”. Múltiples promesas violadas y nuevos desalojos ejecutados.

El padre Miguel Ángel Grullón, que siempre los acompaña, declaró que “las familias campesinas de la Asociación «Mamá Tingó» sufren en el paraje “La Culebra”, Vicentillo, el despojo de sus tierras y sus viviendas de un terreno que Joaquín Balaguer declaró de utilidad pública en 1975, mediante el decreto 486.

Pedro Guillermo Varona, terrateniente de origen cubano, en complicidad con José Antonio Polanco, abogado del estado en el Este y con el apoyo de ganaderos y autoridades políticas de Hato Mayor, encabeza las crueles represalias desatadas desde hace varios años.

El 25 de marzo del 2019, los campesinos sufrieron uno de sus peores momentos: Varona le entregó su arma a uno de sus esbirros para asesinar a Carlitos Rojas Peguero, un niño de 12 años. Desde entonces, varios activistas de esas luchas han sufrido encarcelamientos, persecuciones y torturas. Recientemente le tocó el turno al activista campesino conocido como “El Coronel”, quien fue secuestrado y torturado.

Los proyectos de asentamientos -acordados para reparar parcialmente los graves daños ocasionados- han sido obstruidos. Los gobiernos de turno han prometido esas y otras tierras, pero luego se retractan, alegando el “respeto a la propiedad privada”, sobre áreas cultivables pertenecientes a campesinos/as que las trabajan.

La tierra es un bien social, un derecho colectivo fundamental para ejercer el derecho a trabajar y poder producir y vivir dignamente en el campo. Los latifundios privados carecen de legitimidad e incluso de legalidad.

La mayoría son predios comuneros o del estado, usurpados por particulares influyentes, incluyendo terrenos del CEA y de las leyes agrarias no aplicadas, que debieron ser traspasados a familias campesinas sin tierra. Es justo recuperarlas. Los/as peregrinos/as del Seibo son ejemplo de dignidad y valor frente a tanta crueldad. Sería muy grave que lo engañen nueva vez,

Vale insistir, además, en que hay que recuperar a lo largo y ancho del país, toda la propiedad social usurpada por latifundistas (tipo Varona) y por generales y políticos corruptos apoyados por mandatarios insensibles (tipo Abinader), para hacer reforma agraria de verdad.

¡LAS TIERRAS DE ESTE PAÍS SON DEL CAMPESINADO QUE LA TRABAJA Y DEL PUEBLO DOMINICANO!

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