La ONG indicó que se ha documentado «ampliamente» la participación de estas agrupaciones en «abierta coordinación con agentes de la fuerza pública, en labores de represión de manifestaciones, ataques a centros de votación del día de las elecciones y actos de amenazas y hostigamiento contra personas opositoras».
Caracas.- Al menos 24 personas han fallecido en Venezuela en el marco de las protestas desatadas en rechazo al resultado oficial de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador al presidente Nicolás Maduro, de acuerdo a un informe publicado este martes por la ONG Provea.
«Los registros de Provea dan cuenta de 24 personas fallecidas entre el domingo 28 de julio y el lunes 5 de agosto en eventos y protestas relacionadas con los comicios del 28 de julio», sostuvo la organización en el informe publicado en su página web, un dato que el Gobierno no confirmó.
Señaló que la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) es señalada en, al menos, dos casos de «asesinatos» de manifestantes, además de otras víctimas a manos de civiles armados.
«En al menos nueve de los asesinatos de manifestantes registrados (…) las agrupaciones de civiles armados pro-oficialistas, o colectivos, están señalados por testigos presenciales como posibles autores de los hechos», añadió.
La ONG indicó que se ha documentado «ampliamente» la participación de estas agrupaciones en «abierta coordinación con agentes de la fuerza pública, en labores de represión de manifestaciones, ataques a centros de votación del día de las elecciones y actos de amenazas y hostigamiento contra personas opositoras».
«La mayoría de las protestas registradas se han producido en barrios y zonas populares de Caracas y otras ciudades del país», agregó.
Ante esta situación, Provea advirtió sobre una escalada, en los próximos días, de actos de represalias y «castigos ejemplarizantes», contra los habitantes de estos sectores o trabajadores de la administración pública.
Asimismo, dijo que ya ha comenzado a recibir denuncias de actos de acoso, despidos y desmejora laboral de personas empleadas de instituciones del Estado.
«Negar a las personas el derecho humano a la democracia, a la verdad electoral y reprimir a quien reclame estos principios básicos, es un delito contra los derechos humanos», apostilló Provea.
El lunes, la ONG Foro Penal informó que al menos 91 adolescentes, del total de 1.010 capturados -que el Ejecutivo eleva a 2.000-, han sido detenidos en la nación caribeña en el contexto de estas manifestaciones contra el resultado anunciado en las elecciones del 28 de julio, que otorgan la victoria Maduro, desconocido por la oposición y parte de la comunidad internacional.
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