De otro modo, la agitación se convertirá -si no lo es ya- en el factor dominante, lo que nos colocará en un camino del cual sólo se sabe cómo comienza, pero no hacia dónde lleva y cómo termina.
Del discurso que pronunció el presidente Luís Abinader en la Asamblea General de la ONU, la prensa nacional destacó la parte en la que este expresaba su queja, con razón, de que la misión en Haití, creada por mandato del Consejo de Seguridad de esa organización, no había recibido el apoyo financiero necesario de parte de algunos países que han tenido incidencia en la situación haitiana o se habían comprometido con apoyar la solución de la crisis en ese país. De manera particular, la prensa destacó esta declaración del discurso del presidente de la República: “Un fracaso podría implicar la necesidad de adoptar medidas drásticas para proteger nuestra seguridad nacional”.
Es prácticamente imposible saber si ese planteamiento persuadió a los gobernantes a quienes estaba dirigido; esperemos que sí, que haya tenido el efecto deseado. Donde sí tuvo repercusión inmediata fue en nuestro país, pues pocas horas después de que se pronunciara ese discurso, se convocó una manifestación para reclamar la expulsión de todos los haitianos del país, evento que tuvo como telón de fondo un gran afiche de Donald Trump, el mismo que está prometiendo expulsar quince millones de inmigrantes y terminar el programa de “reunificación familiar” que tanto ha beneficiado a los dominicanos que emigran a Estados Unidos y a los nacionales de muchos otros países.
El reclamo de esa manifestación no fue contra la inmigración ilegal, de cualquier tipo, sino contra los haitianos en general, lo que tuvo una resonancia bastante fuerte en las redes sociales, mayormente a favor del propósito de la marcha. Asimismo, desde el punto de vista político se percibió una competencia por mostrar quién es más radical con relación a la migración haitiana, aunque resulta difícil entender cómo la oposición podrá sacar ventaja de un tema que el gobierno ha hecho suyo desde los primeros días de su gestión.
Pocos días después, el gobierno anunció un plan de acción que incluía, entre otras medidas, la repatriación de 10,000 inmigrantes ilegales por semana. Por supuesto, se trata fundamentalmente de los inmigrantes haitianos, quienes están prácticamente todos expuestos a la expulsión debido a que se dejó sin efecto el plan de regularización migratoria que se llevó a cabo por exhortación del Tribunal Constitucional a las autoridades gubernamentales en su sentencia 168-13, el cual benefició a 255,000 inmigrantes. En todo caso, la medida que anunció el gobierno significa que dentro de seis meses se habrán deportado 240,000 personas, cifra que llegaría a 480,000 si el plan se sostiene durante un año.
Esta decisión gubernamental plantea dos escenarios posibles. El primer escenario es que el gobierno ejecute efectivamente el plan que se propuso, en cuyo caso las autoridades se exponen a incurrir en fuertes violaciones a los derechos humanos, simplemente porque el Estado no cuenta con la infraestructura física, con el personal que se requiere -a menos que se militarice completamente esa operación- y con la capacidad administrativa que permita procesar, individual y concomitantemente, a miles de personas que serán objeto de deportación. La única alternativa sería deportaciones colectivas que pondría al Estado dominicano en abierta violación de normas nacionales e internacionales sobre la materia. El otro escenario es que el gobierno no pueda ejecutar el plan que anunció, en cuyo caso la medida se revertería en su contra, pues ya se han activado sectores políticos, sociales y de los medios de comunicación que reclaman al gobierno, con un tono cada vez más radical, que expulse a todos los haitianos del país.
Mientras esto tiene lugar, hay preguntas que en el contexto actual ni siquiera se plantean y mucho menos se buscan respuestas. Asumiendo hipotéticamente que en los próximos doce meses se expulsen 480,000 haitianos, ¿quiénes se encargarán de trabajar en las plantaciones de arroz, café, cacao, azúcar, guineo, hortalizas, frutas, entre otros rublos? ¿Quiénes sustituirán a los obreros de la construcción en un momento que ese sector está llamado a activarse como efecto de la reducción de las tasas de interés y la dinamización de la economía? ¿Qué pasará con los precios de los productos y el impacto en los consumidores?
Algún día habrá que abordar seriamente estas preguntas con la participación de los sectores impactados con miras a buscar alternativas realistas y efectivas que, a la vez que se revierte la desnacionalización del trabajo, se evite también la dislocación de las plantaciones, la construcción y los mercados. Esto implica discutir los medios posibles para transformar los esquemas productivos en esos sectores de la economía y el papel que debe jugar tanto el Estado como el sector privado en ese proceso.
Querámoslo o no, hay que aceptar que no es posible erradicar, de una vez y por todas, y mucho menos en un período corto de tiempo, la presencia de la mano de obra haitiana en áreas vitales de la economía dominicana, por lo que será necesario plantearse, como atinadamente hizo la vicepresidente de la República Raquel Peña, la necesidad de la regularización migratoria en función de criterios y objetivos bien definidos, lo cual es perfectamente compatible con la implementación de estrategias tendentes a transformar los esquemas productivos para depender menos de la mano de obra extranjera y proteger el salario de las clases trabajadoras dominicanas. Si bien es imperativo que se reclame una protección de la mano de obra dominicana, resulta completamente irrealista pensar que los sectores productivos que dependen fuertemente de la mano de obra haitiana podrán prescindir totalmente de ella.
La discusión debe llevar también a evaluar el papel del Estado en lo que respecta a otras tareas que les son propias que inciden en la cuestión migratoria, como la protección de la frontera, el otorgamiento de visados y el cumplimiento de las normas relativas al trabajo y la migración. El Estado está llamado a hacer valer su propia legalidad, lo que debe hacer fortaleciendo cada vez más las instituciones encargadas de hacer cumplir las normas migratorias sin incurrir en abusos recurrentes a los derechos humanos. No es sólo que ciertas prácticas afectan la imagen de nuestro país en el exterior, sino que, por convicción propia, como sociedad que ha llegado tan lejos en el camino de la construcción de la democracia, debemos ofrecer soluciones basadas en la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
Sin duda, la migración hoy día, desbordada en muchos países como consecuencia de grandes desplazamientos humanos causados por múltiples factores, es un tema central de movilización política populista y una causa de polarización en muchas sociedades. Si bien es prácticamente imposible encuadrar la discusión de este tema en un marco enteramente racional, hay que hacer el esfuerzo para que la racionalidad y la sensatez jueguen un papel clave en la búsqueda de soluciones efectivas a esta problemática. De otro modo, la agitación se convertirá -si no lo es ya- en el factor dominante, lo que nos colocará en un camino del cual sólo se sabe cómo comienza, pero no hacia dónde lleva y cómo termina.
