Por Carlos Arturo Guisarre
¿Cuántas veces has visto negocios dedicados a desbloquear teléfonos móviles en nuestro país? Estos especialistas, mejor conocidos como “desbloqueadores”, operan abiertamente en tiendas de celulares y en sus propias casas a nivel nacional. Se dedican a desbloquear celulares con la finalidad de inhabilitar la tecnología de bloqueo que provoca el no pago oportuno de las cuotas de su préstamo, por haber adquirido el celular. Sin embargo, esta práctica “inofensiva” expone, tanto a los desbloqueadores como a los usuarios, a muchos riesgos de robo de datos confidenciales y otros delitos cibernéticos.
Las personas que se dedican a ofrecer este tipo de servicios fraudulentos para desbloquear teléfonos móviles podrían enfrentar penas de hasta siete años de prisión y multas de hasta quinientas (500) veces el salario mínimo, según establece la Ley No. 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Ya existe un grupo de personas que han sido identificadas, intimadas y hasta sometida a la justicia, por este y otros delitos, incluyendo el robo de información confidencial de los usuarios.
Las víctimas, al intentar evitar el pago del servicio financiero, mediante el desbloqueo, terminan con teléfonos inservibles, perdiendo datos que luego son utilizados para otros tipos de fraudes; además de hacer al usuario cómplice de este tipo de delitos cibernéticos.
El fraude consiste en una falsa promesa, haciendo creer que no hay represalias ni consecuencias. En este caso, solicitar dicho servicio involucra tanto al que solicita el servicio como al que el que lo provee. La culpabilidad compartida asume que el delito cibernético se origina desde la solicitud del servicio hasta el uso indebido de esta violación de acceso.
Así que hagámonos responsables de nuestros compromisos financieros, concienticémonos e investiguemos más a fondo sobre las implicaciones legales, económicas y morales de este tipo de actividades ilícitas.
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