Carlos A. Guerra-Colón fue acusado de conspiración para distribuir fentanilo y cocaína en Puerto Rico. El jurado federal presentó tres cargos en su contra.
San Juan. – La Fiscalía Federal en Puerto Rico informó este viernes de que un jurado federal presentó una acusación de tres cargos contra Carlos A. Guerra-Colón por conspiración por poseer con intención de distribuir fentanilo y cocaína.
«La eliminación de las redes de tráfico de drogas es fundamental para nuestros esfuerzos en curso para combatir la crisis de fentanilo en Estados Unidos y salvar vidas», dijo en un comunicado el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.
Según el documento difundido por las autoridades, los empleados del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS, por sus siglas en inglés) identificaron un paquete sospechoso mientras realizaban tareas de inspección y al examinarlo hallaron 2.365 kilogramos de fentanilo.
Los textos judiciales precisaron que el acusado antes del 18 de marzo, conspiró y acordó con otros individuos poseer con intención de distribuir fentanilo y cocaína.
Guerra-Colón se dirigió el 18 de marzo a la Oficina Principal de Correos de Aguadilla, municipio en el oeste de la isla caribeña, del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) para recoger el paquete que contenía el fentanilo y cuando salió de la oficina de correos, los agentes del USPIS procedieron a arrestarlo.
Por su parte, el agente especial a cargo de la División Caribe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Michael A. Miranda, remarcó que el fentanilo es «un arma de destrucción masiva disfrazada de droga, mata indiscriminadamente y alimenta el sufrimiento de innumerables familias».
«La DEA no se detendrá. Perseguiremos a todos los traficantes, desmantelaremos todas las redes y aplicaremos todas las leyes con una determinación inquebrantable para proteger a nuestras comunidades y salvar vidas», añadió Miranda.
Si es declarado culpable, el acusado se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión, con una pena máxima legal de cadena perpetua.
Un juez federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices sobre Sentencias de EE.UU. y otros factores legales.
El fiscal Auxiliar de Estados Unidos (AUSA, por sus siglas en inglés) y jefe de la Sección de Crimen Organizado Transnacional, Max J. Pérez-Bouret; la jefa adjunta de la Sección de Crimen Organizado Transnacional, AUSA María L. Montañez y el AUSA Luis A. Valentín se hicieron cargo del caso.
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