La congelación de contrataciones afecta a todos los departamentos ejecutivos, pero excluye al personal militar y a aquellos relacionados con inmigración y seguridad nacional o pública.
Nueva York. – El presidente estadounidense, Donald Trump, extendió este jueves durante 90 días la pausa en la contratación de empleados civiles federales, una de las medidas que responden al plan del Gobierno de reducir significativamente la plantilla de la Administración pública.
El mandatario firmó hoy un memorando en el que prorroga hasta el 15 de julio de este año lo establecido en una orden ejecutiva que firmó el pasado 20 de enero -día que asumió la presidencia- en la que se prohíbe que se cubran puestos vacantes de la Administración federal, así como que se creen nuevas plazas.
En la orden firmada en enero, el líder republicano congeló las contrataciones durante 90 días, un plazo que expiraba este domingo.
Esta pausa en la contratación se aplica a todos los departamentos y agencias ejecutivas, «independientemente de sus fuentes de financiación», pero excluye al personal militar de las Fuerzas Armadas y a los empleados que se dedican «a la aplicación de las leyes de inmigración y seguridad nacional o pública».
Según el memorando de hoy, la medida no afecta negativamente a las prestaciones de la Seguridad Social, el seguro médico Medicare o las ayudas federales a veteranos, y la Oficina de Gestión de Personal (OPM, en inglés), puede hacer excepciones siempre y cuando sea «necesario».
El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por el magnate Elon Musk, ha despedido a decenas de miles de trabajadores federales, entre ellos del Departamento de Educación, el de Estado, el de Salud y Servicios Humanos y el de Asuntos de los Veteranos.
Las acciones del DOGE, que incluyen el desmantelamiento de algunas agencias estadounidenses y el acceso a algunos de los sistemas de pago más sensibles del Gobierno federal, han provocado demandas y generado caos.
Como parte de su ofensiva para reducir gastos, el DOGE ha desmantelado de facto la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), creada tras la crisis financiera de 2008, con el cierre de sus oficinas e incertidumbre sobre el futuro de sus empleados.
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