Domínguez Brito: La UASD debe entrar en un serio proceso de reflexión

Francisco Domínguez Brito.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Tras los acontecimientos acaecidos durante la pasada semana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, aseguró que tanto autoridades como estudiantes de la alta casa de estudios, deben realizar una seria reflexión en torno a diversos tópicos.

A juicio del máximo representante del Ministerio Público, las acciones escenificadas en la UASD, así como las suscitadas en San Francisco de Macorís, bajo ninguna circunstancia pueden ser definidas como protestas.

“Lo que hemos visto esta semana nos ha llenado de mucho dolor, pero también tiene que irritarnos, tiene que dolernos y causarnos mortificación. Ha sido  un hecho delincuencial, criminal, en donde primero se  disparó contra  un ciudadano que no tenía nada que ver con lo que allí pasaba y que pudo haber muerto, para generar un conflicto mayor del cual un coronel de la Policía resultó herido y otro fallecido”, manifestó Domínguez Brito.

En nota de prensa llegada a nuestra redacción el funcionario aseguró que lejos de ser una protesta o una manifestación en procura de reivindicaciones para mejorar determinas situaciones, lo sucedido debe ser catalogado como un hecho criminal, “vulgarmente delincuencial y una gran demostración de insensibilidad contra un coronel que se encontraba totalmente desarmado, tratando de buscar una salida a la situación. Esto en modo alguno se puede permitir”.

“La universidad, autoridades y estudiantes, deben entrar en un proceso de reflexión mucho más serio, sobre el tipo de organizaciones y movimientos estudiantiles que tenemos, los cuales están totalmente desfasados, siendo además violatorios a los derechos humanos, contrarios a todas las normas democráticas y las libertades individuales; la democracia descansa precisamente en el respeto, el respeto a la vida, a la libertad, a la expresión y eso no se puede permitir”, aseveró el Procurador General.

De igual modo aseguró que los jóvenes implicados en esas acciones tienen entre 21 y 22 años, “edad suficientemente adulta para saber lo que está bien y lo que está mal, por lo que también deben ser lo suficientemente responsables como para asumir las penas y condenas que requiere y establece la ley”, expresó.