SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El gobierno había dado un plazo a la empresa Barrick Pueblo Viejo para renegociar el contrato entre las partes. Este miércoles, tras un comunicado emitido en el Palacio Nacional, bajo presión por parte de los periodistas que exigían noticias al vencerse dicho plazo, el Gobierno, aparte de decir que cualquier acuerdo o solución será retroactiva a los primeros embarques de oro y plata, no dijo nada nuevo.
Ah, rectificó, le dio otro plazo esta vez indefinido y dijo que esperaba tener respuesta en los próximos días.
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Lo cierto es que un Gobierno no puede dar plazos que no esté en capacidad de cumplir. Es como si el Estado no tuviera herramientas para obligarlos a negociar.
Pero más allá, tampoco cumple con las sanciones que ha anunciado la propia Dirección General de Aduanas.
Me remonto al 18 de marzo, cuando la institución dijo que la empresa tendría que pagar al Estado 972 millones de pesos o poco más de 23 millones de dólares para poder sacar del país un embarque de oro y plata que la institución tenía retenido.
Ahora dicen contemplan una multa de más de 970 millones de dólares, tomando en cuenta que de los 27 embarques, aseguran haber detectado que la mayoría tiene irregularidades.
¿Se pagarán estas multas?
Y una multa es una cosa y otra sería llevar a la empresa a la legalidad. Las propias autoridades habían dicho que la Barrick violó la Ley de Aduanas, en primer lugar, al negase a la verificación de los embarques. Y en segundo lugar, al comprobarse luego de la comprobación, que había falseado el origen de los metales que intentaba exportar.
Parece estar claro que el país no quiere irse a un pleito en los tribunales con la Barrick, sino conseguir unos centavos más. ¿Qué estamos esperando, una limosna? Una palmadita parece no será suficiente en este caso, porque apartemente estamos jugando a amagar y no dar.