En respuesta a las declaraciones de algunos imputados y familiares, quienes aseguraban que el proceso judicial tenía motivaciones políticas, el tribunal fue enfático en afirmar que su actuación se basa únicamente en la Constitución y las leyes.
Santo Domingo.– El tribunal que conoció el caso contra Alexis Medina y sus coimputados concluyó que los acusados incurrieron en lavado de activos utilizando recursos provenientes del Estado dominicano, amparados en delitos precedentes y una estructura societaria destinada a violar la Ley de Compras y Contrataciones.
Las magistradas indicaron que el Ministerio Público aportó pruebas suficientes que demuestran cómo los imputados movilizaron grandes cantidades de dinero sin justificación lícita. En su fallo, destacaron que las evidencias dejaron al descubierto un patrón de ilegalidades y maniobras para encubrir el origen ilícito de los fondos.
Uno de los puntos señalados fue la “grosera violación” a las normativas de compras estatales, utilizada por Medina y sus empresas para obtener contratos millonarios. Según la sentencia, el manejo de recursos de esa magnitud no encuentra sustento en actividades comerciales legítimas.
El tribunal resaltó las operaciones financieras realizadas por los coimputados Rigoberto Alcántara, Paola Molina y Martín Montes de Oca, quienes de acuerdo con el Ministerio Público jugaron roles clave en el movimiento de dinero de dudosa procedencia.
En este punto, señalaron graves contradicciones: mientras la Cámara de Cuentas aseguró que no se entregó el combustible, la Policía afirmó lo contrario. Esta discrepancia impidió determinar con claridad si hubo violación penal en ese hecho específico, aunque sí dejó en evidencia irregularidades administrativas notables.
En respuesta a las declaraciones de algunos imputados y familiares, quienes aseguraban que el proceso judicial tenía motivaciones políticas, el tribunal fue enfático en afirmar que su actuación se basa únicamente en la Constitución y las leyes.
Este caso forma parte de los expedientes de corrupción más emblemáticos del país, y su desarrollo ha sido seguido de cerca por la ciudadanía y la comunidad internacional, marcando un precedente en la lucha contra la impunidad en República Dominicana.
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10 marzo 2026
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