La periodista Alicia Ortega expuso irregularidades en licitaciones del INABIE, lo que provocó cambios en la dirección de la institución y nuevas medidas de control en las compras públicas.
Santo Domingo.– El cambio de mando en el INABIE se da en medio de los escándalos que ha enfrentado esa institución desde abril, con las licitaciones de uniformes, zapatos y mochilas bajo la lupa tras el informe presentado por esta servidora y transmitido por este canal, que reveló un entramado de irregularidades que puso en evidencia nuevamente la fragilidad de los procesos de compras públicas.
Remenear la mata es positivo, porque le pone un freno a los funcionarios que terminan creyéndose dueños de las instituciones que en realidad son patrimonio del pueblo.
Y en el caso del INABIE, donde se manejan cientos de miles de millones de pesos, no hay espacio para la improvisación ni la impunidad. Cada paso debe estar sometido al escrutinio más riguroso. Las revelaciones fueron escandalosas y fueron verificadas por la Dirección General de Compras Públicas.
La gravedad del caso no solo radica en el volumen de dinero comprometido, sino en el nivel de permisividad con el que se permitió operar a empresas sin condiciones mínimas.
Además, se descubrió que parte de los uniformes almacenados en el INABIE habían sido importados, pese a que la normativa exige que sean de producción nacional, una medida diseñada para fortalecer la industria textil local. La autorización de esa importación irregular fue aprobada bajo la gestión saliente, lo que agrava aún más el escándalo.
Aunque el cambio de director representa un paso simbólico, persisten preguntas esenciales: ¿Quiénes más sabían lo que estaba ocurriendo? ¿Quiénes participaron o permitieron estas anomalías? Las respuestas a estas interrogantes no solo son necesarias para hacer justicia, sino también para restaurar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Lo que la sociedad espera ahora es que se actúe con firmeza y se sancione a quienes resulten responsables. Porque lo que está en juego no es solo un presupuesto o una licitación, sino el derecho de los estudiantes a recibir con dignidad lo que les corresponde.
Lo más preocupante de este caso es el silencio de algunas instancias llamadas a ejercer control. A pesar de las evidencias expuestas públicamente, no se registraron acciones inmediatas de parte de los órganos internos de supervisión.
La falta de controles efectivos y la aparente complicidad de actores dentro del sistema permitieron que estas prácticas se mantuvieran por meses, afectando no solo al presupuesto estatal, sino también a miles de niños y niñas que dependen de estos recursos para iniciar su año escolar de manera digna.
Este tipo de omisión también debe ser investigado y sancionado, porque sin vigilancia real, la corrupción sigue encontrando terreno fértil en las instituciones públicas.
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