La jueza Ana Lee Florimón ordenó juicio contra dos personas acusadas de estafa, abuso de confianza y lavado de activos, tras captar fondos a través de falsas promesas de inversión.
Santo Domingo.– El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio a B. A. B. y J. H. V. U., acusados de estafar a 113 personas por un monto que supera los US$2 millones, mediante un esquema fraudulento que involucraba promesas falsas de inversión.
La jueza Ana Lee Florimón tomó la decisión tras acoger las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Las fiscales Elizabeth Tucent Hiraldo, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, y Margaret Cabrera Morillo, demostraron en audiencia que los acusados utilizaron como fachada las entidades HDLS Digital Kingdom Investment Group, S.R.L. y la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Digital Dominicana (Digicoop) para captar fondos de los afectados.
Según el expediente, las víctimas fueron convencidas de invertir en supuestos productos financieros que prometían altas rentabilidades. En total, entregaron US$2,493,933 y RD$7,250,500, confiando en las promesas ofrecidas por los imputados. Las autoridades detallan que estos fondos eran manejados de forma fraudulenta y lavados a través de estructuras empresariales controladas por la misma red delictiva.
Además de los delitos de estafa y abuso de confianza, B. A. B. y J. H. V. U. están acusados de lavado de activos y de violar la Ley No. 127-64 sobre Cooperativismo.
El Ministerio Público les imputa también violaciones a los artículos 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano, así como a la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La acusación señala que los imputados utilizaron la cooperativa Digicoop, que operaban bajo su control, para obligar a las víctimas a abrir cuentas y mover los fondos supuestamente generados por las inversiones.
También están vinculados a este caso Juan Diego Toribio Mejía y Samil José Abad de la Rosa, quienes fueron previamente enviados a juicio por su participación en el esquema.
Con esta decisión, el caso avanzará a juicio de fondo, donde se determinará la responsabilidad penal de los imputados. Las autoridades reiteran su compromiso con la persecución del delito económico y la protección de los ciudadanos ante fraudes financieros.
Este caso forma parte de una serie de investigaciones que el Ministerio Público ha venido desarrollando en los últimos años para desarticular estructuras financieras fraudulentas que operan bajo la apariencia de legalidad.
Las autoridades han reiterado que no se tolerarán estafas que atenten contra el patrimonio de ciudadanos confiados en promesas engañosas, especialmente aquellas que se escudan en figuras como cooperativas o empresas de inversión sin la debida regulación.
También recordaron que los afectados pueden canalizar sus denuncias a través de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, para evitar que más personas sean víctimas de este tipo de esquemas criminales.
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