SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Cámara de Diputados aprobó este martes un proyecto de resolución para investigar las actuaciones de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) presentada por el presidente del hemiciclo, Abel Martínez, quien señaló que sus discusiones van en detrimento de su credibilidad.
La moción de procedimiento para un cierre de debates del diputado Rafael Abréu evitó que la sangre llegara al río dado el ambiente caldeado que se produjo entre las facciones del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que encabezan Hipólito Mejía y Miguel Vargas.
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Con modificaciones planteadas por el reformista Marino Collante y la peledeísta Minú Tavárez fue acogida la resolución que en uno de sus considerandos señala que la presencia de los miembros de la JCE en los medios de comunicación en un ejercicio diario de discusión, acusándose recíprocamente, afecta la imagen del órgano público.
La resolución ordena a los miembros del tribunal a prestar la debida colaboración a los diputados que integren la comisión especial para realizar la investigación.
En otro aspecto, la Cámara Baja reivindicó el rol que jugó para que fuera renegociado el contrato de la minera canadiense Barrick Gold con el Estado dominicano y felicitó al presidente Danilo Medina por el resultado obtenido en este proceso.
La Cámara de Diputados sesionará este miércoles a las 10:00 de la mañana y se daría a conocer los nombres de los integrantes de la Comisión Especial que realizará las investigaciones en la JCE.
La decisión del hemiciclo se produjo tras una sesión de más de cuatro horas, que siguió a unas declaraciones del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, en las que rechazó la posibilidad de someter a los miembros de la JCE a un juicio político.
La resolución precisó que mañana se darán a conocer los miembros de la comisión, además de que recomendó a los jueces de la JCE a no emitir declaraciones públicos en torno al conflicto hasta tanto se concluyan las investigaciones.
El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, dijo que la comisión no tiene como propósito buscar culpables a lo interno de la JCE, sino la de «llevar tranquilidad» a los diferentes sectores de la sociedad dominicana.
La situación de conflicto en el tribunal de elecciones se ha suscitado en las diferencias que han aireado en público el presidente del organismo, Roberto Rosario, con los jueces titulares José Aquino y Eddy Olivares, quienes critican la manera en que este dirige la JCE.
Entre las más recientes diferencias que han aflorado entre los jueces, figura el caso de más de 22.000 descendientes de haitianos que acusan a Rosario de negarse a emitirles sus actas de nacimientos y cédulas de identidad y electoral.
Tanto Aquino como Olivares han criticado el trato que ha dado Rosario a este asunto, además de que le acusan de manejar la JCE de manera autoritaria y unipersonal.
Los diputados ampararon la creación de la comisión en un mandato constitucional que los faculta exclusivamente para acusar ante el Senado a los funcionarios públicos.
Antes de aprobarse la medida, Pared Pérez dijo que descartaba por el momento la celebración de un juicio político a los jueces de la JCE, que en todo caso correspondería canalizarlo a la propia Cámara de Diputados