La decisión de la Suprema Corte Justicia y el decomiso de bienes en el caso de lavado de activos.
El Ministerio Público valoró como un reconocimiento a su lucha contra la criminalidad organizada, que el pleno de la Suprema Corte Justicia acogiera sus planteamientos para rechazar el recurso de casación de la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, una decisión que permitirá al Estado decomisar bienes muebles e inmuebles valorados en miles de millones de pesos producto del lavado de activos.
El órgano persecutor resaltó, a través de su Unidad de Investigación, que con la decisión ya adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada la sentencia contra Pilarte López, condenada a 5 años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico, dictada el 28 de mayo de 2024, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en funciones de tribunal de juicio de la jurisdicción privilegiada.
En el proceso, el Ministerio Público estuvo representado por Fernando Quezada García, Pedro Inocencio Amador Espinosa y Pelagio Alcántara Sánchez, del Departamento de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, junto con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en representación de la Procuradora General de la República.
La Suprema Corte de Justicia, encabezada por su presidente, Luis Henry Molina, decidió sobre sentencia de la Segunda Sala Penal de ese órgano que condenó a Pilarte a cumplir 5 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Rafey Mujeres, provincia Santiago, tras declararla culpable de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Además de la condena de 5 años de reclusión, Pilarte fue condenada al pago de 200 salarios mínimos por los jueces Fran Soto, María Garabito, Nancy Salcedo, Francisco Jerez y Francisco Ortega Polanco, quienes se inhibieron en la casación por haber conocido el proceso en la etapa anterior.
El Ministerio Público probó en todo el proceso que Pilarte violó los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 9, numerales 1 y 2, de la Ley 155 de 2017, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana, así como también los artículos 3, letras A y B, 18, y artículo 21, literales A y B, de la antigua Ley 72 del 2002, sobre Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves.
Rosa Amalia Pilarte formaba parte de la red de lavado de activos del narcotráfico que encabezaba su esposo Miguel Arturo (Micky) López Florencio, de la que también formaban parte sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, así como también los declarados en rebeldía Pablo Antonio Martínez Javier y Rigoberto Bueno Javier.
Los fiscales sustentaron con pruebas que la procesada contribuyó con la colocación en el sistema financiero nacional de cuatro mil cuatrocientos dieciocho millones trescientos noventa y nueve mil trescientos doce pesos con 92/100 (RD$4,418,399,312.92), a pesar de que durante el período comprendido entre los años 2003 y 2021 solo percibió salarios e ingresos por un total de dieciséis millones trescientos setenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete pesos con 45 centavos (RD$16,378,557.45), reportados tanto en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) como de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
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