El jurista Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finjus, propuso discutir nuevamente la implementación de medidas como la castración química para quienes cometan abuso sexual.
Santo Domingo.– El reciente caso de violación múltiple a una joven de 21 años ha estremecido al país y reabierto el debate sobre la castración química como posible sanción para delitos sexuales de extrema gravedad.
El hecho ocurrió en el municipio de Villa González, y ha generado una ola de indignación pública que presiona a las autoridades a replantear las políticas penales frente a estos crímenes.
El jurista Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finjus, propuso discutir nuevamente la implementación de medidas como la castración química para quienes cometan abuso sexual, reconociendo que este tipo de delitos demandan respuestas contundentes por parte del Estado. Sin embargo, enfatizó que históricamente ha estado en contra de esta medida por razones constitucionales.
El jurista también reconoció que, aunque esta medida genera rechazo, la gravedad de algunos delitos obliga a revisar las herramientas que tiene el Estado para proteger a la ciudadanía.
Desde el Congreso, varios legisladores han expresado su rechazo frontal a la medida, calificándola de inconstitucional. Alegan que la castración química vulneraría derechos fundamentales como la dignidad humana y la prohibición del trato vejatorio, protegidos en la Constitución.
“El Estado no puede meterse con el cuerpo humano, no puede tocar. Tiene que haber sanciones severas, pero no creo que la castración sea la vía. Habría que buscar otras alternativas de prevención”, afirmó uno de los congresistas.
Al tiempo que denunció que muchas veces se busca una solución rápida y mediática, olvidando casos igualmente graves que han quedado impunes.
Los legisladores insisten en que este tipo de medidas no atacan las causas estructurales del delito, por lo que proponen invertir en prevención, educación en valores y fortalecer el sistema judicial, en lugar de aplicar sanciones extremas que podrían afectar derechos fundamentales.
“Lo que realmente puede resolver el problema es un sistema de justicia que funcione, donde se juzgue y condene a las personas en un periodo razonable. Porque lo peor que puede pasarle a una víctima es enfrentar un proceso penal lento, donde incluso puede terminar pagando justo por pecadores”, concluyeron.
Mientras tanto, el debate sobre la castración química sigue polarizando la opinión pública y reflejando las tensiones entre la necesidad de justicia y el respeto a los derechos humanos.
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