El cuñado del expresidente Medina habría violado la Ley de Compras y Contrataciones mediante contratos irregulares y pagos inflados
Santo Domingo. – Una querella formal sostiene que Maxy Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, habría ejecutado una serie de irregularidades en contrataciones con el Estado, logrando así sobrevaluaciones millonarias en perjuicio de la empresa distribuidora EDESUR.
El documento judicial indica que Montilla participó a través del consorcio Aluconsa-CEI, conformado por: Aluconsa SAS y CEI Contratistas Eléctricos SRL, a pesar de que dicho consorcio estaba inhabilitado legalmente para ser suplidor del Estado.
Debido a vínculos de afinidad y consanguinidad con funcionarios del gobierno, incluyendo al entonces presidente Danilo Medina, la primera dama, y su hermana Rosana Altagracia Montilla Espinal, quien además ocupaba un cargo directivo en la CDE.
Aunque el pliego de condiciones del contrato establecía el peso dominicano como la moneda para recepción de ofertas, la querella señala que Montilla logró, con la supuesta complicidad de Rubén Montaz, cambiar el monto a dólares, lo que benefició directamente al consorcio y generó pérdidas a EDESUR.
El 15 de septiembre de 2016, Cristino Sánchez, director de proyectos de EDESUR, presentó al Consejo de Administración una solicitud de enmienda, alegando trabajos adicionales y el cambio a medidores prepagos, también vendidos por Montilla a través de otra de sus empresas.
La querella detalla que las irregularidades continuaron y que el 16 de enero de 2020, Sánchez Rivera solicitó un pago adicional de más de un millón de dólares, lo que elevó el costo total del proyecto a más de 12 millones de dólares, representando un aumento global del 39 % respecto al contrato original.
En documentos firmados por el propio Montilla y otros implicados, se reconoce que los trabajos excedieron los límites legales permitidos.
Como parte de un acuerdo, Montilla se habría comprometido a devolver 2.000 millones de pesos, pagar 600 millones en indemnización a las empresas de distribución y 431 millones a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DGEI). Además, aceptó testificar contra los demás implicados en el esquema.
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