La comunidad de Los Mina despidió con tristeza al niño Justin Peralta. El principal sospechoso del hecho está detenido y tiene antecedentes
Santo Domingo.– En medio del llanto, los aplausos y cánticos cristianos, fue sepultado este lunes el niño Justin Peralta, de 10 años, en el cementerio San Vicente de Paúl.
La señora Mayelin Peralta, madre del menor, narró que su hijo fue visto por última vez mientras jugaba frente a su casa.
Asegura que el señor José Antonio Glass, conocido como Yoyón, de 57 años, aprovechó ese momento para llevárselo sin que nadie sospechara. Horas más tarde, el cuerpo sin vida del niño fue hallado en una zona boscosa del sector Los Pinos, en Sabana Perdida.
Glass, quien está bajo custodia de las autoridades, tiene antecedentes penales. En 2009 fue condenado a 15 años de prisión por un delito similar contra otro menor. Esta información ha generado aún más indignación entre los vecinos, quienes no comprenden cómo alguien con ese historial pudo estar nuevamente en libertad sin supervisión.
Otro vecino destacó que el niño era muy querido, jugaba con todos en la calle y era cercano a las familias del lugar. “Siempre estaba en la esquina con sus amiguitos”, dijo.
La Policía Nacional informó que las investigaciones siguen en curso y que se están esperando los resultados de los análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para confirmar los detalles del caso.
Vecinos, familiares y comunitarios han pedido justicia y mayor atención a la vigilancia en sectores vulnerables, especialmente en lo que respecta a personas con antecedentes. La madre del menor exigió que este tipo de hechos no queden impunes y que se proteja a los niños con más firmeza.
Este lamentable suceso ha dejado una profunda huella en toda la comunidad, que hoy se une en duelo, clamando por justicia y por medidas que garanticen la seguridad de los más inocentes.
Este caso ha puesto en evidencia la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de protección para los niños en todas las comunidades, así como la importancia de una vigilancia más estricta sobre personas con antecedentes penales, especialmente aquellos relacionados con delitos contra menores.
Líderes comunitarios y organizaciones sociales han hecho un llamado al gobierno y a las autoridades locales para que implementen programas de prevención y mayor acompañamiento familiar, con el fin de evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
Además, se enfatiza la responsabilidad colectiva para cuidar a los más vulnerables y fomentar un entorno seguro para la niñez.
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