La querella legal apunta a una reciente prohibición establecida por el Departamento de Justicia de EE.UU. que impone restricciones a los estados que reciben fondos federales para brindar servicios a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, abuso infantil, trata de personas y abuso de ancianos.
Los Ángeles (EE.UU.). — Una coalición de veinte estados liderados por gobiernos demócratas, junto al Distrito de Columbia, presentó este miércoles una demanda judicial contra una política de la administración del expresidente Donald Trump que prohíbe el uso de subvenciones federales para ofrecer servicios legales a inmigrantes indocumentados.
La querella fue radicada en un tribunal federal de Rhode Island y busca frenar una reciente disposición del Departamento de Justicia de EE.UU., la cual impone restricciones al uso de fondos destinados a la atención de víctimas de violencia y abuso.
Los demandantes alegan que esta medida, conocida como “costos no admisibles”, viola la Cláusula de Gastos de la Constitución de los Estados Unidos.
Argumentan que la disposición impide a los estados utilizar fondos provenientes de la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA) y la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) para apoyar a personas en situación migratoria irregular, salvo contadas excepciones.
Los estados también critican la ambigüedad de la norma al no definir claramente qué se entiende por “servicios legales”, lo que genera incertidumbre y podría conducir al incumplimiento involuntario por parte de organizaciones y proveedores de servicios.
Además, advierten que la medida requeriría procesos costosos y burocráticos para verificar el estatus migratorio de cada persona antes de poder brindarles asistencia, afectando la capacidad de respuesta frente a víctimas de violencia.
Los fondos de VOCA y VAWA permiten actualmente ofrecer ayuda legal para presentar denuncias, solicitar órdenes de protección, reclamar indemnizaciones, y facilitar visitas supervisadas de menores, entre otros servicios críticos.
El fiscal general de California, Rob Bonta, quien forma parte de la demanda, declaró que la medida federal “obliga a las organizaciones a reducir drásticamente sus servicios”, aun cuando podrían seguir expuestas a sanciones por supuestos incumplimientos.
Además de California, otros estados que respaldan la acción legal son: New York, Colorado, Illinois, Rhode Island, Arizona, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, Oregon, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
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