El procesado Juan Carlos Sosa Bencosme, encabezaba una red de explotación sexual que ubicó y reclutó a las víctimas, adolescentes de 14 y 15 años de edad, a quienes las inducía a sostener encuentros sexuales con adultos, a cambio de dinero.
SANTO DOMINGO. – Como solicitó el Ministerio Público, un tribunal de Santiago condenó a 20 años de prisión a un hombre por los delitos de explotación y tráfico de personas en perjuicio de dos adolescentes.
El procesado, Juan Carlos Sosa Bencosme, dirigía una red que ubicó y reclutó a las víctimas, adolescentes de 14 y 15 años, a quienes inducía a mantener encuentros con adultos a cambio de dinero.
A través del Departamento de Trata y Tráfico de Migrantes de la Fiscalía de Santiago, dirigido por el fiscal Juan Osvaldo García, se dio curso a una investigación que identificó al procesado y su modus operandi desde su domicilio en Gurabo, desde donde cometía los ilícitos contra las víctimas menores de edad.
La acusación, acogida en su totalidad por el tribunal y relatada en estrado por la fiscal litigante Aida Medrano Gonell, recoge los testimonios de las adolescentes afectadas.
El Ministerio Público estableció que el hombre inducía a las menores a sostener encuentros con clientes previamente escogidos por él, a cambio de dinero en efectivo que él mismo cobraba y administraba, decidiendo qué porción entregaba a las víctimas como compensación.
El Tercer Tribunal Colegiado de Santiago, integrado por las juezas Deyanira Méndez, Kimberly Tatis e Ingrid Liberato, también condenó a Sosa Bencosme al pago de 50 salarios mínimos del sector público.
La Fiscalía de Santiago, recopiló las evidencias que respaldan los testimonios y formuló cargos por violación al artículo 309-1 del Código Penal dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género; y el artículo 410 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
Asimismo,la Fiscalía presentó cargos por violación a los artículos de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, que sanciona la violencia de género, explotación y comercio ilegal en perjuicio de menores.
La Fiscalía de Santiago, recopiló las evidencias que respaldan los testimonios y formuló cargos por violación al artículo 309-1 del Código Penal dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género; y el artículo 410 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
Asimismo, la Fiscalía presentó cargos por violación a los artículos de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, que sanciona la violencia de género, explotación y comercio ilegal en perjuicio de menores.
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