Santo Domingo.– El expediente presentado por el Ministerio Público establece que Santiago Hazim presuntamente encabezaba un esquema ilícito desde la dirección de Senasa, en el cual se aprobaban contratos a distintos prestadores de servicios sin cumplir los requisitos legales establecidos.
La investigación describe que individuos sin solvencia financiera o trayectoria en el sector habrían sido beneficiados de manera irregular, pasando de estar en situación económica precaria a convertirse en empresarios con contratos millonarios dentro del sistema estatal.
- Para el órgano acusador, este fenómeno refleja un uso indebido de la institución pública y una instrumentalización de sus recursos.
La oposición sostiene que este caso debe investigarse a fondo y con absoluta imparcialidad, con el objetivo de determinar si los fondos involucrados terminaron en estructuras políticas vinculadas al PRM.
Reacciones políticas y compromisos oficiales
Plantean que es necesario esclarecer cómo se movieron los recursos, si hubo transferencias, pagos en efectivo o cheques, y quiénes fueron los beneficiarios finales. Para ellos, uno de los mayores desafíos de la justicia en este expediente es identificar las redes que supuestamente se favorecieron del esquema y perseguir responsabilidades hasta las últimas consecuencias.
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Por su parte, legisladores oficialistas defienden que la apertura del proceso judicial dentro de la denominada Operación Cobra representa un gesto de transparencia y una muestra del compromiso del gobierno con el combate a la corrupción.
Argumentan que el presidente ha mantenido una postura clara respecto a que no existen «vacas sagradas» y que cualquier funcionario que incurra en actos ilícitos debe enfrentar la ley. Reiteran que el gobierno no protegerá a nadie y que la institucionalidad prevalecerá.
Mientras tanto, el Ministerio Público sostiene que varios prestadores presuntamente pagaban sobornos para ingresar o mantenerse dentro de la red de servicios de la ARS estatal, lo que habría creado una estructura ilícita operando desde el interior de Senasa.
En medio del debate político, legisladores opositores insisten en que la investigación debe extenderse más allá de las detenciones iniciales y exigir una auditoría completa que permita cuantificar los fondos desviados y gestionar su recuperación. Consideran que solo mediante una investigación exhaustiva se podrá determinar el alcance real del esquema y garantizar justicia.
