Empresas sin capacidad operativa recibieron miles de millones por servicios no prestados en régimen subsidiado.
Santo Domingo.– El expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y coordinador de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social, Miguel Surun, afirmó que el presunto desfalco en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) constituye uno de los casos de corrupción administrativa «más graves» registrados en el país, al asegurar que involucra el uso fraudulento de fondos destinados a la salud de millones de afiliados.
Durante una entrevista en el programa El Despertador, Surum sostuvo que no se trata únicamente del saqueo de una entidad de propiedad pública, sino del «robo del dinero de la salud», lo que —dijo— convierte el caso en uno con la mayor cantidad de víctimas directas e indirectas. Según explicó, más de un millón de personas habrían sido afectadas directamente y unos 7.4 millones de afiliados resultarían víctimas indirectas.
El abogado señaló que, a raíz del déficit financiero generado en Senasa, se utilizaron 12,500 millones de pesos provenientes del Seguro de Riesgos Laborales para cubrir el faltante, una actuación que calificó como ilegal.
Surun expresó su desacuerdo con la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, al considerar que los hechos no encajan en la figura de soborno, sino en la de estafa agravada, lavado de activos y falsedad en perjuicio del Estado dominicano.
Explicó que, conforme a la acusación, tres empresas sin capacidad operativa ni infraestructura recibieron miles de millones de pesos por servicios de atención primaria que, según peritajes oficiales, no fueron ofrecidos. Indicó que estas empresas manejaban afiliados del régimen subsidiado y facturaban servicios de manera simultánea desde los mismos locales.
Detalló que, de acuerdo con los informes citados por el Ministerio Público, dichas empresas recibieron alrededor de 8,000 millones de pesos, de los cuales una parte fue distribuida como pagos dentro del entramado investigado, incluyendo entregas en efectivo a intermediarios.
Surun cuestionó la aplicación del criterio de oportunidad en favor de algunos implicados, al considerar que no se cumplen los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal. Afirmó que los empresarios involucrados admitieron haber recibido y distribuido fondos producto del desfalco, por lo que —a su juicio— no debieron beneficiarse con medidas menos gravosas.
Indicó que el monto del déficit de la reserva técnica de Senasa señalado por el Ministerio Público coincide con los fondos recibidos por las empresas señaladas en el expediente.
Durante la entrevista, el abogado aseguró que existen casos documentados de personas que figuraban como beneficiarias de procedimientos médicos que nunca se realizaron, así como cobros por servicios farmacéuticos no utilizados. Dijo representar a una persona que aparece como operada sin haber sido sometida a ninguna intervención quirúrgica, caso que, según explicó, forma parte de la investigación en curso.
Afirmó que la mayor parte del fraude se produjo en el régimen subsidiado y calificó los hechos como un atentado contra los sectores más vulnerables.
El jurista cuestionó la diferencia en las medidas de coerción impuestas a los imputados, señalando que algunos cumplen prisión preventiva mientras otros permanecen en arresto domiciliario, pese a la gravedad de los hechos atribuidos.
A su juicio, el caso ha generado un daño social sin precedentes dentro del sistema de seguridad social, afectando la confianza en Senasa y provocando un impacto financiero que, aseguró, supera los 40,000 millones de pesos.
Asi indicó que dará seguimiento al proceso judicial y reiteró que apelará las decisiones adoptadas, al considerar que no guardan proporcionalidad con la magnitud del presunto fraude investigado.
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