SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Entre una imparable secuencia de hechos sangrientos y delictivos y un Plan de Seguridad Ciudadana que no acaba de arrancar con la firmeza y efectividad esperada, los dominicanos han vivido en las últimas semanas en medio de una atmósfera de temores e inquietud.
Y no es para menos, porque independientemente de cifras y estadísticas que siempre las autoridades se las arreglan para presentarlas a su modo, lo cierto es que la generalizada percepción en que andamos muy mal en esa materia.
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Crímenes espeluznantes, asaltos sangrientos a mano armada y acciones delincuenciales en general que no discriminan entre clases y capas sociales, dominan a diario los titulares noticiosos en los medios de comunicación.
Nadie parece estar exento de ser víctima de uno de estos inquietantes hechos de violencia que, a la vista y consideración de la gente común del pueblo, lucen fuera de control, porque el aumento de despliegue en la vigilancia policial y militar no logra frenar a los delincuentes.
De hecho lo que se observa es como una especie de desafío a la autoridad y al derecho de los ciudadanos decentes y pacíficos a disfrutar de una vida segura y sin sobresaltos.
Ni siquiera en los hogares la gente se siente protegida, por las tropelías de asaltantes que andan armados y que disparan a mansalva, porque para ellos la vida humana no tiene valor, y sin reparo alguno ni siquiera respetan la intimidad familiar.
Hace apenas cuatro días, el jefe de la Policía afirmó en Nagua que la delincuencia había disminuido en un 4 por ciento, aunque no estuvo claro en comparación con cuál período.
Sin embargo, la última encuesta de la Penn and Schoen captó otro panorama en el sentimiento de la gente, al establecer que la criminalidad y la delincuencia es lo que más preocupa ahora a la población, por encima de los problemas relacionados con la salud, la educación y el costo de la vida.
La proliferación de armas en manos de la población civil, en especial aquellas ilegales que adquieren los delincuentes, constituyen un factor de alto riesgo que no ha podido ser detenido.
La gente tiene derecho a vivir en paz y con un mínimo de seguridad que el Estado y sus autoridades están en el deber de asegurar, con justicia y firmeza, pero dentro de un marco con arreglo a las leyes y a los derechos humanos.