El nuevo esquema que separa un Ministerio de Justicia de una Procuraduría autónoma promete mayor equilibrio institucional, pero enfrenta desafíos significativos de implementación.
Definir competencias, coordinar presupuestos, evitar duplicidades y asegurar independencia real requerirá reglas claras y capacidad técnica.
Corresponde al gobierno dominicano liderar este proceso con planificación, transparencia y diálogo, cuidando la transición para que no afecte la persecución penal ni la confianza ciudadana en el sistema judicial democrático sostenible a largo plazo nacional.
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