La nueva Ley de Contrataciones Públicas entra en vigencia este 28 de enero de 2026, imponiendo sanciones a funcionarios y empresarios que incumplan la normativa.
Santo Domingo.– La Ley 47-2025 de Contrataciones Públicas entra oficialmente en vigencia este 28 de enero de 2026, tras un periodo de vacancia de seis meses destinado a permitir su correcta implementación en todas las instituciones del Estado.
El Presidente de la República destacó que el objetivo principal de la ley no es simplemente modificar los procedimientos administrativos, sino fortalecer el Estado, creando instituciones más confiables y garantizando que las reglas trasciendan cualquier gobierno.
Según sus palabras, esta reforma busca que el interés general prevalezca sobre conveniencias particulares, consolidando un marco que proteja los recursos públicos y refuerce la confianza de los ciudadanos en la gestión gubernamental.
Además, afirmó que la ley establece una base sólida para futuras generaciones, promoviendo la transparencia, la eficiencia y la legalidad en la administración del Estado.
Por su parte, el Director de Compras y Contrataciones Públicas señaló que la ley se aplicará de manera obligatoria a todas las instituciones del país,
sin excepción. Cada ministerio, dirección u órgano público deberá adaptar sus procesos contractuales al nuevo marco normativo, con el objetivo de hacer la gestión pública más previsible, eficiente y confiable. La implementación de esta ley no busca paralizar el funcionamiento del Estado, sino optimizarlo y garantizar que cada peso invertido sea administrado de manera responsable.
El reglamento que acompaña a la ley fue elaborado mediante un proceso técnico riguroso, en coordinación con la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, y está fundamentado en principios claros de transparencia, legalidad, eficiencia y responsabilidad.
Además, esta ley permite establecer controles más estrictos sobre la contratación con el Estado y genera un entorno que desalienta prácticas irregulares o la corrupción, garantizando que la gestión pública se haga de manera profesional y ética.
Expertos señalan que esta reforma constituye un hito estructural largamente esperado por la ciudadanía, ya que promueve la confianza en las instituciones, protege los recursos públicos y sienta un precedente para un Estado más transparente y eficiente.
En definitiva, la entrada en vigencia de la Ley 47-2025 representa un paso firme hacia una administración pública moderna y responsable.
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