Fernández advierte que la acumulación de deuda sin inversión visible afecta el crecimiento económico dominicano.
Santo Domingo.- El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, denunció este miércoles que el Gobierno dominicano colocó US$2,750 millones en bonos soberanos, a pesar de que más de US$3,700 millones de préstamos anteriores aún permanecen sin ejecutar en cuentas públicas.
Fernández aseguró que el problema no está en que el Estado solicite préstamos, sino en el uso ineficiente de esos recursos.
«El problema no es pedir prestado; el problema es pedir prestado para nada. Guardar deuda no genera bienestar; genera facturas», afirmó.
Al sumar ambos montos, el país acumula cerca de US$6,500 millones en recursos tomados sin impacto visible en infraestructura, servicios públicos o dinamización económica, lo que equivale a unos US$600 por cada dominicano.
El legislador de la Fuerza del Pueblo relacionó esta falta de ejecución con el bajo crecimiento económico, que se mantiene en 2.1 %, muy por debajo del potencial histórico de la República Dominicana.
Fernández enfatizó que si los recursos no llegan a carreteras, drenaje, infraestructura eléctrica, zonas industriales o inversión en conocimiento e innovación, entonces no se trata de inversión, sino de un costo para el país.
Además, advirtió que la demora en la ejecución afecta a la generación actual y compromete también a las futuras.
Como solución, el senador propuso un plan agresivo de inversión de capital que permita cerrar el rezago acumulado desde 2020 y suspender nuevas emisiones de deuda hasta que se utilicen los recursos disponibles.
«Cuando el Estado ahorra en infraestructura, el pueblo paga en atraso. Hoy tenemos la oportunidad de convertir ese dinero en desarrollo real para la gente», concluyó Fernández.
La República Dominicana ha recurrido históricamente a préstamos y emisiones de bonos soberanos como mecanismo para financiar proyectos de infraestructura, servicios públicos y programas de desarrollo. Estas operaciones forman parte de la estrategia del Estado para mantener la liquidez y financiar obras que, idealmente, contribuyan al crecimiento económico.
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