Un grupo de 25 excarcelados y activistas políticos demandan que la ley reconozca violaciones a derechos humanos y persecución política.
Caracas.- Un grupo de 25 excarcelados, entre los que se encuentran varios dirigentes y activistas políticos de Venezuela, exigieron este miércoles que el proyecto de ley de amnistía que se espera sea aprobado esta semana en el Parlamento incluya el reconocimiento de las autoridades de que ha habido persecución por «disentimiento».
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«La amnistía no debe ser una concesión graciosa, sino el reconocimiento de responsabilidad de quienes, tras casi tres décadas en el poder, desmantelaron el Estado de derecho, violaron los derechos humanos y persiguieron el disentimiento», dice un comunicado de los excarcelados.
El texto fue leído a la prensa por el politólogo Nicmer Evans, quien fue militante del chavismo hasta poco después de la muerte del presidente Hugo Chávez (1999-2013).
Al término de una misa por el Miércoles de Ceniza y acompañado de dirigentes como Williams Dávila y otros activistas, Evans pidió que en el texto legislativo se admita «explícitamente que la justicia fue instrumentalizada para infligir sufrimiento».
Los 25 excarcelados pidieron que la ley sea administrada por un tribunal independiente conformado por jueces autónomos. También exigieron que se cree una comisión de la verdad y reparación de las víctimas.
Esta instancia, señalaron, debería estar integrada por organismos internacionales, la academia, la Iglesia católica y ONG de derechos humanos «imparciales».
Este último punto fue el que causó la postergación del debate para esta semana. Los diputados del chavismo y la oposición difieren sobre la necesidad de que los beneficiados se presenten ante tribunales antes de recibir la amnistía.
Asimismo, el grupo pidió que se tome la decisión «política» de abrir las puertas de todos los centros penitenciarios. El objetivo, indicaron, es que salgan todos los detenidos por razones políticas y aquellos a quienes se les ha incumplido el debido proceso.
La ley de amnistía fue una propuesta de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de lo que ella misma calificó como un «nuevo momento político» para una reconciliación. Esto ocurrió luego de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero por parte de EE.UU. en un ataque a Caracas.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos, afirmó el lunes que aún quedan más de 600 detenidos en el país. Esto, pese a las 444 excarcelaciones verificadas por la organización desde el pasado 8 de enero, cuando el Gobierno encargado anunció un proceso de liberaciones.
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