El dirigente magisterial sostuvo que la violencia en las aulas es también reflejo de problemáticas sociales más amplias.
Santo Domingo.– La comunidad educativa de la zona norte del Distrito Nacional se encuentra en estado de alerta ante lo que califican como un aumento «alarmante» de agresiones físicas y verbales contra docentes en centros públicos.
Solo en el emblemático Liceo Juan Pablo Duarte seis maestros han sido víctimas de ataques en tiempos recientes.
Al participar en la entrevista de El Despertador, José Luis García Brito, presidente de la seccional Norte de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el dirigente describió un escenario de creciente vulnerabilidad en las aulas, donde los educadores enfrentan desde agresiones directas hasta acciones premeditadas.
Entre los casos citados figura el del profesor Defrán, quien sufrió una cortadura en el rostro y la rotura de sus lentes durante una trifulca, y el de la maestra Adaluz García, del Liceo Capotillo, quien padeció un trauma craneal luego de que una tabla de butaca, colocada intencionalmente sobre una puerta, le cayera encima.
La ADP atribuye parte del problema a la Ordenanza 05-2023, que regula la convivencia en el sistema educativo público. Según García Brito, el reglamento carece de sanciones suficientemente disuasivas para enfrentar faltas graves.
«Si lo que me van a mandar es a leer un libro, si no hay una sanción real, si no hay algo que yo sienta pesar por lo que yo hice, ¿qué va a suceder con la agresión? Aumenta», advirtió.
Explicó que, bajo la normativa vigente, un estudiante que incurre en una falta muy grave, incluso una agresión física, no puede ser suspendido por más de dos días. A su juicio, esto limita la capacidad correctiva del sistema y envía un mensaje de impunidad.
El dirigente magisterial sostuvo que la violencia en las aulas es también reflejo de problemáticas sociales más amplias. Señaló la existencia de lo que denominó «huérfanos de padres vivos«: estudiantes que asisten a clases sin supervisión familiar adecuada, muchos de ellos bajo el cuidado de parientes lejanos o en entornos familiares fragmentados.
A esto se suma la insuficiencia de personal de apoyo psicológico y orientación. De acuerdo con García Brito, en algunos planteles un solo orientador debe atender a más de 300 estudiantes, lo que dificulta la prevención y el manejo oportuno de conflictos.
En ese contexto, la ADP planteó revisar la modalidad de entrega de ayudas estatales como el Bono a Mil. El gremio propone que estos incentivos estén condicionados a indicadores concretos como asistencia regular, puntualidad y comportamiento estudiantil.
«No hay un indicador que obligue a garantizar que el hijo asista a la escuela puntualmente. Simplemente son mil pesos que se retiran en el banco», expresó el dirigente.
La ADP informó que se ha constituido en parte civil en varios de los casos reportados, con el objetivo de que las agresiones tengan consecuencias legales. Aclararon que no buscan el encarcelamiento de menores en prisiones ordinarias, sino establecer precedentes judiciales que fortalezcan el respeto a la figura del docente.
«Debe enviarse un mensaje claro de que al profesor hay que respetarlo», concluyó García Brito.
La situación reabre el debate sobre la efectividad del régimen disciplinario escolar y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección dentro de los centros educativos públicos.
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