Nueva York.- La Fiscalía de Estados Unidos solicitó una orden de protección sobre las pruebas en el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, alegando riesgos para testigos.
Según el documento, existen “riesgos significativos” para la seguridad de quienes colaboran con la investigación y para la integridad del proceso judicial.
La petición fue enviada al juez Alvin K. Hellerstein, quien supervisa el caso en el Distrito Sur de Nueva York.
Protección de pruebas y testigos
La Fiscalía argumenta que el material probatorio contiene información sensible que podría revelar la identidad de testigos vulnerables.
Esto los expondría a posibles actos de intimidación u obstrucción de la justicia.
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El punto clave radica en que la defensa busca compartir pruebas con otros acusados fuera del alcance de EE.UU.
- Entre ellos figuran Diosdado Cabello y Nicolás Maduro Guerra, además de otros implicados.
La Fiscalía advierte que existe un “riesgo intolerable” de que la información sea usada para dañar testigos o destruir evidencias.
Niveles de confidencialidad
La orden propuesta establece distintos niveles de confidencialidad para el manejo de las pruebas.
El llamado “material sellado” incluye información que no puede hacerse pública ni difundirse en medios.
También se contempla material solo accesible en presencia de abogados, restringiendo el acceso directo de los acusados.
Otro nivel, aún más estricto, impide que cierta información sea compartida incluso con los propios procesados.
No es la primera vez que la Fiscalía intenta limitar el acceso a las pruebas en este caso de narcoterrorismo.
En audiencias previas, el juez Hellerstein ya había analizado la diferencia entre compartir información y comunicarla dentro del derecho a la defensa.
El proceso sigue en curso y se espera una decisión definitiva sobre estas medidas en los próximos días, en un caso de alta complejidad legal.
Antecedentes generales
El caso judicial contra Nicolás Maduro y su entorno tiene origen en investigaciones de Estados Unidos relacionadas con narcotráfico y crimen organizado. Desde hace varios años, fiscales estadounidenses han acusado a altos funcionarios venezolanos de participar en redes ilícitas vinculadas al tráfico de drogas hacia territorio norteamericano.
Uno de los hitos más relevantes ocurrió en 2020, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales por narcoterrorismo contra Maduro y otros dirigentes. Según estas acusaciones, se habría facilitado el envío de grandes cantidades de droga con el objetivo de afectar a ese país.
En este contexto, también han sido señaladas otras figuras del gobierno venezolano, como Diosdado Cabello y otros altos cargos. Sin embargo, muchos de los acusados permanecen fuera del alcance de la justicia estadounidense, lo que ha dificultado el avance de los procesos judiciales.
