EE.UU. sanciona a hijos de Daniel Ortega y golpea red de oro que financia al régimen en Nicaragua

Washington-. Estados Unidos anunció el 16 de abril una de las acciones más contundentes contra la estructura económica del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

La medida consiste en sanciones dirigidas a cinco personas y siete empresas vinculadas a la industria del oro, considerada por Washington como una fuente clave de financiamiento del poder político en el país.

La decisión fue comunicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros e incluye un componente especialmente sensible: la incorporación de dos hijos de la pareja gobernante dentro de la lista de sancionados, señalados como parte del aparato estatal que sostiene el control político y económico.

Según el secretario del Tesoro, el gobierno nicaragüense ha utilizado empresas del sector aurífero y aliados cercanos para apropiarse de activos, generar ingresos y consolidar su poder. En esa línea, afirmó que Estados Unidos continuará actuando contra las fuentes de financiamiento del régimen.

Las autoridades estadounidenses sostienen que, desde al menos 2020, el sector del oro ha sido reorganizado mediante una red de compañías y testaferros con el objetivo de obtener divisas, ocultar activos sancionados y reforzar el control político. Dentro de este esquema, figuras como Laureano Ortega Murillo y el ministro Salvador Mansell son señaladas como actores clave.

Hijos y red oficial

El nuevo paquete amplía las sanciones a otros dos hijos del mandatario: Maurice Facundo Ortega Murillo y Daniel Edmundo Ortega Murillo, acusados de haber ejercido funciones dentro del gobierno desde 2007. De acuerdo con Washington, esto refleja una concentración del poder en el núcleo familiar.

El foco principal de la medida está en la industria minera. La empresa estatal ENIMINAS, ya sancionada previamente, es descrita como el eje que regula qué compañías operan en el sector y cómo se distribuyen los beneficios, favoreciendo a aliados del gobierno mediante mecanismos irregulares.

Entre las empresas señaladas se encuentra Exportadora de Metales S.A. (EMSA), dedicada a la compra, procesamiento y exportación de oro, incluso hacia Estados Unidos. Según el Tesoro, los ingresos obtenidos habrían sido utilizados para financiar estructuras vinculadas al gobierno, incluidos grupos paramilitares.

También se menciona a Grupo Minero Xiloá S. A., que operaría como intermediaria en la compra de oro artesanal, facilitando su procesamiento y exportación a través de una red empresarial. Este mecanismo permitiría introducir fondos en el sistema financiero internacional para legitimar recursos de origen ilícito.

Otras compañías incluidas en las sanciones son Thomas Metal S.A., Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A. y Brother Metal S.A., las cuales, según Washington, habrían recibido concesiones mineras pese a cuestionamientos sobre su experiencia o capacidad.

Empresas y alcance

Asimismo, las sanciones abarcan casos relacionados con la confiscación de propiedades de inversionistas estadounidenses. Uno de los ejemplos es BHMB Mining Nicaragua S.A., cuya planta fue ocupada en 2025 por actores vinculados al gobierno, sin compensación para sus propietarios.

En ese episodio también se señala la participación de Zhong Fu Development S.A., Santa Rita Mining Company S.A., el empresario Feiwu Bian y el representante legal Aníbal Vladimir Matus Buitrago.

La red incluye, además, a funcionarios y operadores legales. El viceministro Santiago Hernán Bermúdez Tapia fue sancionado por su rol en el gobierno, mientras que Nelson Francisco Sobalvarro y el abogado Lester Matus Tamariz habrían facilitado procesos administrativos y transferencias relacionadas con concesiones mineras.

El Departamento del Tesoro indica que ha habido movimientos empresariales para evadir sanciones, incluyendo transferencias de concesiones entre compañías antes y después de designaciones previas.

Efectos de las sanciones

Como resultado de estas medidas, todos los bienes de los sancionados en Estados Unidos quedan bloqueados, y ciudadanos y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellos. Además, cualquier entidad en la que estas personas tengan participación significativa también queda sujeta a restricciones.

• Washington advierte que incluso instituciones financieras extranjeras podrían enfrentar consecuencias si participan en operaciones relevantes con los sancionados.

Esta acción se enmarca en una política sostenida de presión sobre el gobierno nicaragüense desde las protestas de 2018, tras las cuales Estados Unidos acusa al régimen de violaciones graves a los derechos humanos y de mantener una postura represiva.

Aunque oficialmente se plantea que las sanciones buscan promover cambios de conducta, el mensaje es claro: el sector del oro, considerado una de las principales fuentes de ingresos del gobierno, está ahora bajo mayor vigilancia y presión internacional.