Presidente de Guatemala espera que nuevo fiscal general "no apadrine a los corruptos"

Ciudad de Guatemala.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó que espera que el nuevo fiscal general no “apadrine a los corruptos”, en medio de cuestionamientos a la actual jefa del Ministerio Público.

El mandatario subrayó la necesidad de una Fiscalía que persiga a los delincuentes, funcione como una institución seria y defienda los intereses del país.

Estas declaraciones se dan en un contexto marcado por el proceso de selección del nuevo fiscal, el cual ha estado rodeado de críticas y señalamientos.

Proceso de elección bajo cuestionamientos

Esta semana, Arévalo recibirá una lista final de seis candidatos elaborada por una comisión especial, tras un proceso polémico por denuncias de corrupción.

Entre los aspirantes figura la actual fiscal general, Consuelo Porras, quien busca la reelección pese a los cuestionamientos en su contra.

La comisión de postulación está integrada por decanos de Derecho, representantes del Colegio de Abogados y miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Presión internacional y futuro institucional

• La actual fiscal ha permanecido ocho años en el cargo y enfrenta sanciones internacionales por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.

El nuevo titular del Ministerio Público asumirá un periodo de cuatro años a partir del 16 de mayo, en una decisión clave para la lucha contra la corrupción.

El presidente ha dejado claro su distanciamiento con Porras, con quien mantiene una relación tensa desde el inicio de su gobierno.

La elección del nuevo fiscal general en Guatemala se da en un contexto marcado por una prolongada crisis en la lucha contra la corrupción y el debilitamiento de las instituciones encargadas de impartir justicia.

Durante la última década, el país vivió avances importantes con el trabajo de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), que destapó múltiples redes de corrupción dentro del Estado.

Sin embargo, tras la salida de la CICIG en 2019, diversos sectores han denunciado un retroceso en los esfuerzos por combatir la impunidad, así como un aumento en la persecución de fiscales y jueces anticorrupción.