La frase retumba en las esquinas de los barrios y en las inmediaciones de las paradas: “Un golpe a uno es un golpe a todos”. Lo que en otros contextos podría sonar a solidaridad obrera, en el asfalto dominicano se ha transformado en una declaración de guerra de guerrillas urbana.
No es un lema de protección, sino el código de un enjambre que, ante el menor roce, activa una mecánica de asedio. El reciente horror en Santiago, donde un chofer de camión terminó desangrado tras ser perseguido y apuñalado por una turba de motoristas, no es un hecho aislado, sino la erupción de un sistema que opera bajo sus propias leyes de apandillamiento.
El motoconchista y el repartidor de delivery se han convertido en los dueños absolutos de una narrativa vial donde el semáforo es una sugerencia y la acera es una vía alterna.
Informalidad y violencia vial
Sin embargo, detrás de la agresividad del grupo, subyace una realidad económica innegable: la República Dominicana descansa sobre los hombros de una informalidad que encontró en las dos ruedas su principal motor.
El motoconcho es el transporte del pueblo que el Estado no pudo movilizar, y el delivery es la pieza que permite que el comercio moderno no se detenga. Pero esa utilidad no puede seguir siendo el salvoconducto para la barbarie.
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A diario, las salas de trauma de hospitales como el Darío Contreras parecen zonas de combate. El costo en salud pública es incalculable, con miles de jóvenes que terminan con discapacidades permanentes o en el cementerio, alimentando una estadística que nos sitúa consistentemente en la cima global de la siniestralidad vial.
No es solo un problema de tránsito; es una crisis sanitaria y de seguridad ciudadana que requiere una intervención quirúrgica por parte de las autoridades.
La solución no radica en la persecución ciega, sino en la transición hacia una formalidad que hoy parece inexistente. Mirar hacia otros horizontes permite entender que el caos es domesticable.
Modelos y regulación
En Colombia, ciudades como Bogotá y Medellín lograron imponer un orden básico, pero efectivo, mediante la vinculación obligatoria de la placa del vehículo en el casco y el chaleco del conductor, permitiendo que el anonimato dejara de ser la capa de invisibilidad del infractor.
Aquí esta práctica no es solo irrespetada; ha sido insuficiente y no ha detenido los asaltos, “el calibraje” ni la violación de la ley en la misma cara de los agentes de tránsito.
Por su parte, España ha dado pasos agigantados con la Ley Rider, obligando a las plataformas digitales a responsabilizarse por la seguridad y el comportamiento de sus repartidores, eliminando esa tierra de nadie donde la empresa se lucra, pero el conductor opera sin reglas.
Incluso en entornos de alta densidad como Vietnam, la implementación de carriles exclusivos y sistemas de fotomultas vinculados a una base de datos centralizada ha demostrado que la tecnología puede ser el mejor agente de tránsito.
Registro y responsabilidad
En nuestro país, la regulación debe empezar por el fin de la impunidad gremial. Es imperativo que el INTRANT y las alcaldías establezcan un registro único donde cada motorista esté plenamente identificado y donde la responsabilidad sea solidaria: si una «parada» protege a un agresor, la parada misma debe enfrentar consecuencias legales.
El ordenamiento del servicio de transporte en motocicletas es la gran asignatura pendiente de la modernización dominicana.
Mientras el eslogan de «un golpe a todos» siga pesando más que el Código Penal, la calle seguirá siendo un territorio de feudos. La transformación del motoconcho y el delivery, de un caos peligroso a un servicio profesional, no solo salvará vidas en los quirófanos, sino que devolverá a los ciudadanos la paz mental de saber que, en la vía pública, la ley está por encima del enjambre.
