Lo mejor que harían

Desgraciadamente, la discusión de la reforma laboral solo se ha concentrado en reaccionar en contra o a favor de la revisión de la cesantía: los políticos, para dejar bien claro que no la tocarán, a sabiendas de que cualquier asomo de razonamiento sobre la necesidad de su revisión tendría un costo; los representantes de las centrales sindicales, para reiterar su posición de que es intocable, intentando redorar así sus blasones; y la mayoría de los comunicadores, para también sumarse a la negación de cualquier revisión, por interés propio o por temor al rechazo, como han recibido los pocos que se han atrevido a plantear que negarse a modernizar el Código Laboral es seguir dejando sin protección a más de un 50% de personas que están en la informalidad.

Ante esta cerrazón, pocos se han interesado por analizar el proyecto de reforma para constatar si hay fundamentos en las posiciones de las organizaciones empresariales para demandar que se mitiguen los efectos de las cargas laborales, limitando la cesantía y el recargo por su impago, y que se solucionen situaciones abusivas que todos sabemos se presentan, ni a ponderar las posiciones de expertos en la materia laboral, que han advertido los errores y distorsiones del proyecto, la afectación a la clase media que se derivaría de este por la imposición a los hogares de obligaciones de empleadores formales respecto del trabajo doméstico, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Aunque se ha querido generar la percepción de que el proyecto de reforma laboral fue consensuado, lo cierto es que los representantes de los empleadores cayeron en una trampa al participar en el entonces encuentro semanal con la prensa del Presidente, en el que se anunció que se enviaría al Congreso, pues, a pesar de que se habló de continuar la discusión respecto de la cesantía, la realidad es que se le estampó una etiqueta de consenso, y con las modificaciones que se han realizado en las cámaras legislativas no solo se ha ahondado más el disenso, sino que se ha restado la efectividad que se le pudiera atribuir a algunas de sus disposiciones.

Cabe preguntarse a quién beneficiaría esta reforma, pues si, por un lado, los líderes sindicales expresan que aplaudirán “con las dos manos” si el proyecto perime en el Congreso y se deja sin efecto la reforma porque “están cómodos con el Código actual”, y los empresarios que impulsaron su modernización entienden que el proyecto de reforma no satisface sus inquietudes y más bien genera otras, parecería que no son ellos los interesados.  Y cada vez es más evidente que el único interesado en que esa reforma se apruebe así es el Ministerio de Trabajo, primero porque tanto el anterior ministro como el actual quisieran sumarse ese logro, y segundo, porque, sin que fuera parte del diálogo tripartito, se introdujeron modificaciones relativas a las sanciones, aumentándolas de forma significativa y disponiendo en el artículo 722 que las sumas generadas por el cobro de las multas “serán adicionadas a las partidas presupuestarias del Ministerio de Trabajo…”.

A pesar de que pudiera entenderse que los congresistas también quieren anotarse un tanto con la aprobación de la reforma laboral, como aparentemente lo que les interesa es quedar bien con la posición de los representantes sindicales y la de muchos comunicadores, lograrán el mismo efecto si la reforma no se aprueba, pues, como el objetivo es tan simplista como no tocar la cesantía, da igual que se deje intacto también el Código actual, pues aparentemente no tienen preocupación ni por el alto porcentaje de informalidad, que deja en total desprotección de ese Código y de los beneficios de la seguridad social a más de la mitad de la población trabajadora, ni por el desafío de la sustitución de puestos de trabajo por la inteligencia artificial, ni por la retranca que significan las cargas laborales al aumento de los salarios y a la formalidad.

Si los líderes sindicales están cómodos con el Código Laboral y con que el proyecto perima, como han expresado públicamente, y los empresarios están en desacuerdo con que se apruebe la reforma tal cual está redactada y llaman al diálogo, atropellar su aprobación sin medir las consecuencias negativas sería un grave error que tendría muchos perjudicados y un solo beneficiario. Por eso, lo mejor que pudieran hacer nuestros congresistas es detener el curso, escuchar y analizar.