Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 25-26, que crea y regula el funcionamiento de la alerta nacional para la búsqueda de personas desaparecidas, un nuevo sistema que operará bajo la denominación oficial de “Alertas RD”, con el objetivo de agilizar la localización de personas reportadas como desaparecidas en el país.
La nueva legislación establece un esquema de alertas especializadas según el perfil de la persona afectada, con protocolos diferenciados que buscan dar una respuesta más rápida y eficiente ante cada tipo de caso.
Un sistema de alertas por tipo de caso: niños, adultos mayores y personas vulnerables
La ley introduce la conocida Alerta AMBER, destinada a los casos de sustracción o desaparición de niños, niñas y adolescentes, uno de los puntos más sensibles dentro del sistema de protección.
- Asimismo, se crea la Alerta SILVER, enfocada en la localización de adultos mayores de 65 años, un grupo considerado de alto riesgo en situaciones de desorientación o extravío.
De igual forma, la normativa contempla la Alerta AZUL, que será activada en casos de desaparición de personas con discapacidad física o mental, reforzando los mecanismos de búsqueda inmediata para este sector vulnerable.
Alerta ROSA: respuesta ante violencia de género y trata de personas
Uno de los puntos más relevantes de la ley es la implementación de la Alerta ROSA, que se activará específicamente en casos de desaparición de mujeres en contextos de violencia de género o trata de personas, una medida que busca fortalecer la respuesta institucional ante estos delitos.
Suscribete al newsletter de Noticias SIN
Con la entrada en vigor de la Ley 25-26, las autoridades esperan mejorar la coordinación entre instituciones, acelerar los protocolos de búsqueda y ofrecer una respuesta más rápida ante cualquier denuncia de desaparición en territorio nacional.
En República Dominicana, la respuesta institucional ante los casos de personas desaparecidas ha evolucionado de manera progresiva en los últimos años, impulsada principalmente por la creciente preocupación social y la necesidad de mecanismos más rápidos de localización.
Tradicionalmente, las denuncias eran manejadas de forma ordinaria por las autoridades policiales y el Ministerio Público, sin un sistema unificado de alerta inmediata a nivel nacional.