Santo Domingo. – El exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, junto al empresario Jochi Gómez y otros ocho imputados, enfrentarán un juicio de fondo por el caso relacionado con el presunto sabotaje al sistema de semáforos del Gran Santo Domingo y supuestas irregularidades en el proceso de modernización de la red semafórica.

La decisión fue adoptada por el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, luego de que la magistrada Yanibet Rivas considerara que existen elementos probatorios suficientes presentados por el Ministerio Público para que el caso sea conocido en un tribunal de juicio.

A su salida de la audiencia, Hugo Beras defendió su inocencia y aseguró que mantiene su confianza en la justicia dominicana.

“La presunción de inocencia es un derecho que se mantiene hasta que haya una decisión irrevocable. Nosotros confiamos en el sistema de justicia”, expresó.

Tribunal excluye cargos de terrorismo, pero mantiene acusación principal

Durante la audiencia preliminar, el tribunal decidió excluir del expediente la calificación jurídica de terrorismo y, de manera parcial, la acusación de falsificación de documentos privados.

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  • Sin embargo, el Ministerio Público sostuvo que estas decisiones no afectan el núcleo de la acusación.

El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) afirmó que los hechos y las pruebas fundamentales fueron retenidos por el tribunal.

“Las pruebas se mantienen y el tribunal retuvo el sabotaje. Es como decir que se conservó el 90 % del tipo penal que sustenta el proceso”, indicó.

Estado reclama indemnización de RD$12 mil millones

El Ministerio Público adelantó que durante el juicio solicitará una indemnización de RD$12 mil millones contra todos los imputados, recursos que, según explicó, deberían retornar al Estado para ser utilizados en obras y servicios públicos.

Las autoridades acusan a los involucrados de haber causado un perjuicio superior a RD$1,300 millones mediante presuntas maniobras irregulares relacionadas con la adjudicación de contratos para la modernización del sistema semafórico del Gran Santo Domingo.

Además de los imputados individuales, siete empresas también deberán responder ante la justicia en esta etapa del proceso.

La magistrada mantuvo las medidas de coerción impuestas previamente a los acusados, mientras que el expediente será remitido ahora a un tribunal colegiado del Distrito Nacional, que tendrá a su cargo el conocimiento del juicio de fondo.

Con esta decisión, uno de los casos de presunta corrupción administrativa más relevantes de los últimos años entra en una nueva fase judicial, donde las partes deberán presentar y debatir todas las pruebas ante el tribunal de juicio.