Daniel Toribio: "La crisis está en los bolsillos de la gente”

SANTO DOMINGO. – El exministro de Hacienda y actual secretario de Finanzas de la Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio, cuestionó el paquete de medidas fiscales presentado por el Gobierno para enfrentar el impacto económico derivado del conflicto en Medio Oriente, al considerar que el país no atraviesa una crisis que justifique la implementación de un denominado “plan anticrisis”.

Durante una entrevista en el programa El Despertador, Toribio sostuvo que las principales variables económicas muestran resultados positivos, citando el crecimiento de las remesas, el turismo, las exportaciones y la inversión extranjera directa.

“El discurso de la crisis no se lo compra nadie”, expresó al señalar que organismos como el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional mantienen perspectivas favorables sobre la economía dominicana.

“Aquí hay una crisis, pero la crisis está en los bolsillos de la gente”, afirmó al referirse al impacto de la inflación acumulada sobre los consumidores.

Toribio centra la crisis en el poder adquisitivo

El dirigente político argumentó que, contrario a la narrativa oficial, la principal dificultad económica se encuentra en el poder adquisitivo de la población.

Según explicó, los hogares enfrentan mayores costos de vida tras varios años de aumentos de precios que han reducido su capacidad de compra.

Críticas a combustibles, impuestos y subsidios

Toribio también cuestionó los argumentos del Gobierno sobre el subsidio a los combustibles. Señaló que una parte importante de los ingresos tributarios proviene precisamente de los impuestos aplicados a los carburantes y sostuvo que el manejo de esos recursos carece de suficiente transparencia.

A su juicio, el sistema de fijación de precios opera como una “caja negra” sobre la que la población dispone de poca información.

• Entre las disposiciones incluidas en el proyecto sometido al Congreso, el exfuncionario manifestó preocupación por la propuesta relacionada con el gas licuado de petróleo (GLP), al advertir que podría traducirse en un aumento significativo para los consumidores.

Asimismo, criticó el incremento de las retenciones aplicadas a profesionales independientes y personas físicas que ofrecen servicios, al considerar que estas medidas terminan afectando directamente a sectores productivos y a la clase media.

Toribio también objetó la decisión de elevar del 27 % al 30 % la tasa del impuesto sobre la renta para las empresas de mayores ingresos. Aseguró que este tipo de gravámenes terminan siendo transferidos al consumidor final mediante aumentos de precios. En ese sentido, rechazó el argumento de que el impacto recaería exclusivamente sobre las grandes corporaciones.

Otro de los puntos que cuestionó fue el calendario planteado para ampliar la exención del impuesto sobre la renta a los asalariados. Indicó que los beneficios propuestos serían aplicados de manera gradual y recordó que la actualización de la escala impositiva debió realizarse hace varios años.

El exministro sostuvo que, en lugar de introducir nuevos tributos, el Gobierno debería concentrarse en transparentar el manejo de los recursos vinculados a los combustibles y explicar con mayor detalle la composición de los precios.

También planteó que las autoridades deben aclarar cómo se calculan los subsidios, los márgenes de comercialización y los ingresos adicionales generados cuando aumentan los precios internacionales del petróleo.

Toribio diferenció lo que considera la crisis fiscal del Gobierno de la situación económica de los ciudadanos.

Señaló que el Estado enfrenta fuertes compromisos presupuestarios asociados al pago de la deuda pública, el subsidio eléctrico y diversos programas de asistencia social. Según dijo, el problema radica en la estructura del gasto y no en una caída de los ingresos, ya que las recaudaciones continúan creciendo.

Criticó lo que definió como una expansión de subsidios y ayudas sin mecanismos claros de contraprestación.

Recordó que programas sociales implementados en administraciones anteriores estaban condicionados al cumplimiento de objetivos específicos, como la asistencia escolar o la vacunación de los niños, mientras que actualmente, según afirmó, muchos beneficios se otorgan sin criterios suficientemente focalizados.

El dirigente opositor también cuestionó el nivel de ejecución de algunas obras públicas y mencionó el caso de la autopista Duarte como ejemplo de proyectos que, a su juicio, no reflejan el volumen de recursos invertidos por el Estado.

Sobre el contenido general del proyecto fiscal, Toribio consideró que varias de las medidas fueron incorporadas sin suficiente consenso previo y defendió la necesidad de discutir una reforma tributaria dentro del marco de un pacto fiscal amplio que involucre a todos los sectores de la sociedad.

Entre los aspectos que valoró positivamente mencionó la eliminación del anticipo para las pequeñas empresas, aunque planteó que la discusión debería extenderse a otros segmentos productivos. No obstante, insistió en que cambios de esa naturaleza deben surgir de un proceso de concertación más amplio.

El exministro también expresó preocupación por el aumento del impuesto a las transferencias electrónicas, al advertir que podría desincentivar la bancarización y provocar que algunas operaciones migren hacia mecanismos informales para evitar la carga tributaria.

• Además, cuestionó la inclusión de nuevas amnistías fiscales dentro de la estrategia gubernamental. A su entender, este tipo de medidas pueden estimular la evasión al generar la percepción de que periódicamente se ofrecerán facilidades para regularizar obligaciones tributarias pendientes. Aunque reconoció que las amnistías pueden aumentar la recaudación en el corto plazo, sostuvo que resultan contradictorias con una política orientada a fortalecer el cumplimiento tributario.