A poco más de dos meses de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, organizaciones defensoras de las tres causales y grupos próvida protagonizaron este miércoles un enfrentamiento de posturas ante el Tribunal Constitucional, que conoce una acción directa de inconstitucionalidad contra varios artículos que penalizan la interrupción del embarazo.
Un total de 27 organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la alta corte modificar al menos tres disposiciones de la nueva legislación para permitir la despenalización del aborto cuando la vida de la madre esté en riesgo, el embarazo sea resultado de violación o incesto, o el feto presente malformaciones incompatibles con la vida.
Durante la audiencia, representantes legales de los accionantes argumentaron que las disposiciones impugnadas vulneran derechos fundamentales y contravienen principios constitucionales.
En contraposición, grupos próvida participaron como intervinientes voluntarios para defender la constitucionalidad de los artículos aprobados por el Congreso Nacional y solicitar que se mantenga la penalización del aborto sin excepciones.
La discusión se produce mientras diversos sectores, entre ellos el Colegio Médico Dominicano, la Asociación Nacional de Clínicas Privadas y organizaciones de derechos humanos, han expresado preocupación por algunas disposiciones del nuevo Código Penal, alegando posibles afectaciones a derechos fundamentales y cuestionando ciertas sanciones contempladas en la normativa.
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Tras escuchar los argumentos de las partes, el Tribunal Constitucional dejó el expediente en estado de fallo y otorgó un plazo de cinco días para el depósito de documentos complementarios. La decisión que adopte la alta corte podría tener un impacto significativo en la aplicación del nuevo Código Penal antes de su entrada en vigencia.