Santo Domingo.- El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, presentó una acción judicial por difamación e injuria contra varios directivos de Participación Ciudadana y contra la propia organización, tras la publicación de uno de los informes de seguimiento a los principales casos de corrupción del país.
La información fue revelada por el coordinador general del movimiento cívico, Francisco Álvarez, durante una entrevista en la que explicó que la demanda fue interpuesta a finales del año pasado y estaba dirigida contra su persona, los integrantes del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y la entidad.
«Jean Alain Rodríguez, a final del año pasado, se molestó por uno de nuestros informes y presentó una acusación por difamación e injuria contra mi persona y contra todos los miembros del Consejo Nacional de Participación Ciudadana”, expresó Álvarez.
Demanda quedó sin efecto en tribunales
Indicó que la acción fue declarada inadmisible en primera instancia y que, posteriormente, esa decisión fue ratificada por un tribunal de apelación, por lo que el proceso quedó sin efecto.
Álvarez sostuvo que la organización asumió la defensa de todos los involucrados y afirmó que este tipo de acciones forman parte de los riesgos que enfrentan las entidades dedicadas a la vigilancia ciudadana y al seguimiento de la gestión pública.
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Participación Ciudadana y su rol de vigilancia
Participación Ciudadana ha mantenido una postura activa en el monitoreo de los procesos judiciales vinculados a presuntos actos de corrupción, incluyendo los expedientes que involucran a exfuncionarios del pasado gobierno, entre ellos Jean Alain Rodríguez.
El exprocurador, quien dirigió el Ministerio Público entre 2016 y 2020, enfrenta actualmente varios procesos judiciales por presuntos actos de corrupción administrativa, entre ellos el denominado caso Medusa, considerado uno de los expedientes más voluminosos y complejos del sistema de justicia dominicano.
La revelación del sometimiento se produce en medio del debate sobre los límites entre el derecho al honor y la libertad de expresión, así como sobre el papel que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil en la fiscalización de la administración pública y el seguimiento de los procesos judiciales de alto interés nacional.
