Las naciones no desaparecen de un día para otro.
Rara vez sucumben únicamente por una invasión militar o por una catástrofe natural.
Con frecuencia comienzan a extinguirse cuando sus dirigentes olvidan cuáles son los intereses permanentes que garantizan su existencia histórica.
En esos momentos, las sociedades pierden el sentido de dirección, las instituciones se debilitan, la voluntad nacional se fragmenta y el Estado deja de actuar como instrumento de protección de su propio pueblo.
La República Dominicana se encuentra hoy ante uno de esos momentos decisivos.
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Los profundos cambios que experimenta el sistema internacional obligan a replantear la manera en que concebimos nuestra presencia en el mundo.
No basta con mantener relaciones diplomáticas formales ni con participar en organismos internacionales.
Tampoco es suficiente repetir consignas heredadas de otros tiempos.
Nuestro país necesita una visión estratégica de largo plazo, una auténtica política exterior nacional que responda a las necesidades reales de los dominicanos y a los desafíos que enfrentará la nación durante las próximas décadas.
La política exterior no es una actividad reservada a diplomáticos, cancilleres o embajadores.
Es, en realidad, una expresión de la voluntad de supervivencia de un pueblo.
Ninguna nación puede proyectar fuerza, prestigio o influencia en el exterior si internamente carece de cohesión social, instituciones sólidas y objetivos nacionales compartidos.
La diplomacia comienza dentro de las fronteras. Allí donde se generan los recursos materiales, la confianza colectiva y la capacidad del Estado para defender los intereses de sus ciudadanos.
Por esa razón, una nueva política exterior dominicana debe partir de una verdad elemental: el principal deber del Estado es garantizar que el pueblo dominicano pueda continuar viviendo, desarrollándose y prosperando en el territorio que heredó de generaciones anteriores.
La defensa de la soberanía no constituye una consigna retórica ni un ejercicio de nacionalismo sentimental.
Es una necesidad práctica vinculada a la preservación de nuestra identidad histórica, de nuestra cultura, de nuestras instituciones y de nuestra capacidad para decidir libremente nuestro destino.
Durante más de doscientos años, el pueblo de la República Dominicana ha demostrado una extraordinaria capacidad de resistencia.
Sobrevivió a las invasiones haitianas, enfrentó el intento de restauración colonial española, soportó intervenciones militares extranjeras, atravesó las turbulencias de dos guerras mundiales y logró mantener su existencia soberana en medio de los grandes conflictos ideológicos y geopolíticos del siglo XX.
Esa experiencia histórica enseña que los dominicanos han sabido sobrevivir porque, aun en los momentos más difíciles, conservaron conciencia de sí mismos como nación diferenciada y mantuvieron la voluntad de preservar su Estado.
Hoy la amenaza ya no adopta necesariamente las formas tradicionales del pasado.
El mundo contemporáneo presenta desafíos más complejos.
Los movimientos migratorios masivos, las crisis económicas globales, la competencia estratégica entre grandes potencias, la revolución tecnológica, la inseguridad alimentaria, las transformaciones energéticas y las tensiones geopolíticas afectan directamente a los países pequeños.
En ese escenario, la República Dominicana necesita actuar con inteligencia, prudencia y firmeza.
La defensa de la frontera terrestre y marítima debe ocupar un lugar central dentro de esa estrategia nacional.
Ningún Estado puede considerarse plenamente soberano si no posee la capacidad efectiva de administrar y proteger su territorio.
La comunidad internacional respeta a los países que asumen con seriedad la responsabilidad de preservar sus fronteras y garantizar el cumplimiento de sus leyes.
Defender la soberanía territorial no significa hostilidad hacia otros pueblos. Significa, simplemente, ejercer un derecho fundamental reconocido por el derecho internacional.
Del mismo modo, la protección de los dominicanos residentes en el exterior debe convertirse en una prioridad permanente.
Millones de compatriotas contribuyen con su trabajo al desarrollo de otras sociedades y sostienen, mediante sus remesas y esfuerzos, una parte importante de la economía nacional.
Ellos representan una extensión viva de la nación dominicana y merecen una acción diplomática activa y eficaz en defensa de sus derechos e intereses.
La República Dominicana necesita también una diplomacia económica moderna.
El país debe proyectar una imagen internacional basada en la calidad de sus productos, en la estabilidad de sus instituciones, en el atractivo de sus inversiones y en la capacidad emprendedora de sus ciudadanos.
La promoción de exportaciones, turismo, innovación y desarrollo tecnológico debe integrarse plenamente a la acción exterior del Estado.
Todo ello exige un servicio exterior profesional, eficiente y comprometido con los intereses nacionales.
La diplomacia debe evitar convertirse en refugio de improvisaciones, clientelismos o privilegios.
Debe ser una carrera sustentada en la formación, la experiencia y el mérito.
Un país pequeño necesita una diplomacia particularmente competente porque muchas veces su influencia depende más de la calidad de sus representantes que de la magnitud de sus recursos materiales.
En el plano internacional, la República Dominicana debe practicar una política de amistad soberana.
Nuestra relación histórica con los Estados Unidos posee una importancia estratégica evidente y continuará siendo fundamental para nuestro desarrollo.
Sin embargo, amistad no significa subordinación.
La verdadera amistad entre naciones se basa en el respeto mutuo y en el reconocimiento de los intereses legítimos de cada parte.
Esa misma lógica debe aplicarse a nuestras relaciones con China, India, América Latina, Europa, Israel, el mundo árabe y el resto de las regiones del planeta.
Vivimos en una época caracterizada por la multipolaridad emergente.
Los países que logren diversificar inteligentemente sus vínculos internacionales estarán en mejores condiciones para proteger sus intereses y ampliar sus oportunidades de desarrollo.
La gran cuestión de nuestro tiempo no consiste en decidir si debemos alinearnos automática e incondicionalmente con una potencia o con otra.
La verdadera pregunta es cómo preservar la capacidad dominicana de decidir por sí misma.
Una política exterior independiente no significa neutralidad pasiva.
Significa libertad de juicio.
Significa evaluar cada situación conforme a los intereses permanentes de la nación dominicana y no según las conveniencias de actores externos.
En definitiva, la República Dominicana necesita una política exterior concebida como una política de Estado y no como una política de gobierno.
Debe ser el resultado de un amplio consenso nacional que trascienda coyunturas electorales, diferencias partidarias y disputas circunstanciales.
Su objetivo fundamental debe ser garantizar que las futuras generaciones de dominicanos reciban una nación más segura, más próspera, más respetada y más libre que la que nosotros heredamos.
La historia demuestra que los pueblos sobreviven cuando saben reconocer los desafíos de su tiempo y actuar con determinación.
La República Dominicana ha demostrado esa capacidad a lo largo de siglos.
Hoy vuelve a enfrentarse a una coyuntura decisiva.
Y precisamente por ello necesita una política exterior dominicana: independiente, soberana, moderna y profundamente comprometida con la supervivencia y el porvenir de la nación.