La República Dominicana enfrenta un problema que rara vez aparece en los discursos de campaña o en los titulares de los grandes medios. Sin embargo, sus consecuencias pueden ser enormes.
Los ecosistemas naturales del país generan entre 3,000 y 6,000 millones de dólares al año en beneficios económicos. Los arrecifes de coral, los manglares y las playas sostienen una industria turística que, solo en 2025, produjo más de 11,000 millones de dólares.
Además, los bosques de montaña permiten ahorrar cerca de 90 millones de dólares en importaciones de petróleo gracias a la generación hidroeléctrica.
A pesar de ello, ese capital natural se está deteriorando aceleradamente.
Erosión, blanqueamiento y pérdida de bosques
Actualmente, el 70 % de las playas dominicanas se encuentra en proceso de erosión. Los arrecifes de coral han sufrido episodios recurrentes de blanqueamiento desde 2015.
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Los bosques primarios han perdido más del 20 % de su cobertura en las últimas tres décadas, y la cantidad de especies de fauna clasificadas en alguna categoría de amenaza casi se duplicó en apenas siete años.
Y estos datos no provienen de una organización ambientalista. Fueron presentados ayer por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto al Consorcio Ambiental Dominicano, con el respaldo de la UNESCO, el PNUD y la Cooperación Alemana.
No se trata de un problema de legislación. La República Dominicana cuenta con un marco legal ambiental. El verdadero desafío es la gobernanza: instituciones fragmentadas, presupuestos insuficientes, escasa coordinación entre sectores y una cultura de toma de decisiones que aún no incorpora el valor real del capital natural.
Si esta tendencia continúa, los servicios ecosistémicos del país podrían reducirse hasta en un 47 % para el año 2050.
La pregunta es inevitable: ¿podemos seguir hablando de desarrollo mientras destruimos las bases naturales que lo hacen posible?