Santo Domingo.– La propuesta de modificación a la Ley de Residuos Sólidos continúa generando posiciones encontradas entre los sectores productivos del país. Mientras empresarios e industriales rechazan los cambios aprobados por el Senado, la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) considera que la reforma corrige desigualdades y favorece a las micro, pequeñas y medianas empresas.

La próxima semana, la Cámara de Diputados conocerá las modificaciones realizadas por el Senado a la legislación, que sería reformada por tercera ocasión desde su promulgación en 2020.

Rechazo industrial y apoyo comercial

El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Brache, cuestionó el aumento de las contribuciones económicas para el manejo de los residuos sólidos y aseguró que el sector no fue consultado durante el proceso.

Brache advirtió que, de mantenerse los cambios, podrían producirse efectos negativos en la economía y un incremento en el costo de algunos productos de primera necesidad.

En la misma línea, la directora ejecutiva de NUVI, Mariely Ponciano, reconoció la necesidad de recaudar recursos para fortalecer la gestión de los desechos sólidos, pero consideró que la reforma debió ser consensuada con los sectores involucrados antes de su aprobación en el Senado.

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En contraste, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, respaldó las modificaciones al entender que el nuevo esquema de contribuciones distribuye la carga de manera más equitativa y beneficia especialmente a las mipymes.

Asimismo, exhortó a la Cámara de Diputados a aprobar la iniciativa con rapidez para que entre en vigencia.

Escala de contribuciones y prohibición del foam

La propuesta establece que las personas jurídicas con ingresos de hasta RD$5 millones deberán pagar una contribución anual de RD$3,500. Las empresas con ingresos entre RD$5 y RD$10 millones aportarían RD$6,000, mientras que aquellas con ingresos de entre RD$10 y RD$25 millones pagarían RD$20,000.

La escala continúa de forma progresiva hasta alcanzar una contribución máxima de RD$675,000 para las empresas cuyos ingresos superen los RD$700 millones.

Otro de los cambios contemplados en la reforma establece que los envases y utensilios elaborados en foam, como los utilizados para servir alimentos, dejarían de comercializarse en un plazo de un año.

La Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos fue promulgada en 2020 bajo el número 225-20. Posteriormente, fue modificada mediante la Ley 98-25 y, de ser aprobada nuevamente por la Cámara de Diputados, experimentaría una tercera reforma.