Washington. – El Tribunal Supremo de Estados Unidos denegó este lunes la destitución de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, hasta que se complete el litigio judicial contra su despido.
Fallo dividido y permanencia de Cook
Con una votación de 5 a 4, el dictamen permite a Cook permanecer en su puesto para garantizar un procedimiento previo al despido, al determinar la «independencia» del banco central frente al control presidencial.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, sostuvo que avalar la decisión de Trump «transformaría en la práctica la protección de la Reserva Federal contra destituciones arbitrarias —que exige una causa justificada— en un régimen de empleo a voluntad».
Un salto interpretativo incompatible con la ley promulgada por el Congreso y con la tradición de nuestra nación de contar con una banca central protegida de la interferencia política.
Ley de la Fed y causa justificada
Trump despidió a Cook el pasado mes de agosto, la primera gobernadora destituida en los 111 años de historia de la Reserva Federal (Fed), alegando su implicación en un supuesto fraude hipotecario.
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La gobernadora presentó una demanda contra su despido por considerar que no existía «causa justificada».
Además, rechazó las denuncias de fraude hipotecario por las que se le acusa de declarar dos viviendas diferentes como su residencia principal para obtener mayores facilidades de acceso a una hipoteca.
Un tribunal dejó sin efecto la orden hasta que se emitiera una decisión final, suspensión avalada hoy por el Supremo.
La opinión disidente del magistrado Clarence Thomas calificó el fallo de «incorrecto», aunque expresó «preocupación» por el hecho de que supusiera la primera destitución de un presidente en toda su historia.
La Ley de la Reserva Federal de 1935 impide a un mandatario destituir a cualquier miembro de la Junta de la Fed, salvo «con causa justificada», lo que generalmente se interpreta como negligencia o malversación en el cargo.
Esto garantiza la protección contra injerencias y la politización de las decisiones de política monetaria, cuestionada recientemente por las medidas de Trump.
