Santo Domingo. – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Montecristi impuso un año de prisión preventiva a un agente de la Dirección General de Migración (DGM) y a un chofer de esa institución, acusados de cobrar sobornos a ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular y transportarlos en un vehículo oficial.
Los imputados son Gustavo Adolfo García Vásquez, agente de Migración, y Joel Antonio Castillo Reynoso, chofer adscrito al Departamento de Interdicción Migratoria de Puerto Plata.
Arresto con 22 haitianos indocumentados
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, ambos fueron arrestados en flagrante delito el pasado 19 de junio, cuando regresaban a Puerto Plata con 22 ciudadanos haitianos indocumentados, incluidos varios menores de edad, luego de haber trasladado previamente a otros 32 migrantes al Centro de Procesamiento Migratorio de Dajabón para su deportación.
La detención fue realizada por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial en el paraje Copey, municipio Pepillo Salcedo, provincia Montecristi, tras detectar que el camión oficial de la DGM transitaba en dirección contraria a la ruta habitual luego de completar el traslado autorizado.
Según el expediente, al inspeccionar el vehículo, las autoridades encontraron a los 22 extranjeros en la parte trasera del camión. Ninguno portaba documentos que acreditaran su permanencia legal en el país.
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Pagos de hasta RD$24,000
Durante las entrevistas realizadas por los investigadores, algunos de los migrantes indicaron que debían pagar entre RD$22,000 y RD$24,000 por el traslado hasta Puerto Plata, mientras que la investigación establece que los pagos por este tipo de transporte oscilaban entre RD$12,000 y RD$40,000 por persona, mediante efectivo o transferencias realizadas por familiares.
El Ministerio Público sostiene que los imputados utilizaron un vehículo oficial y su condición de empleados públicos para facilitar el traslado de personas en condición migratoria irregular a cambio de dinero.
La investigación también determinó que los 22 extranjeros no figuraban en los registros de los operativos de interdicción migratoria realizados ese día, por lo que se descartó que hubieran sido detenidos durante acciones oficiales de la DGM.
Cargos por corrupción y tráfico
La jueza Javierca Gómez ordenó que ambos cumplan la medida de coerción en la cárcel pública de Montecristi, mientras avanzan las investigaciones.
Los imputados enfrentan cargos por presuntos actos de corrupción, soborno y tráfico ilícito de migrantes, en violación de disposiciones de la Constitución, el Código Penal y la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, modificada por la Ley 46-25.
