El Comité de Ética del Senado de EE.UU. rechazó la denuncia por conducta sexual inapropiada e infracciones a las leyes de financiación de campañas al senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego, y archivó la investigación que estaba abierta.
En una carta fechada el 26 de junio, aunque ha trascendido este lunes, los miembros del comité informaban al senador de que «no encontraron pruebas» que respaldaran las acusaciones presentadas por la congresista republicana de Florida Anna Paulina Luna el pasado mes de abril.
Tras la investigación del Comité, este no encontró pruebas de que sus acciones violaran la ley federal, las normas del Senado o las normas de conducta relacionadas», aseguraron en la misiva.
Impacto político para Rubén Gallego
El cierre de la investigación supone un importante respaldo para la carrera política de Gallego, quien aspira a presentarse como candidato a la presidencia en 2028.
El senador, que había negado cualquier irregularidad desde el momento en que se conoció la denuncia, aseguró en un comunicado hecho público este lunes que el archivo de la investigación revela que «se trataba de conspiraciones de derecha difundidas por activistas de extrema derecha como Anna Paulina Luna, la Casa Blanca y sus aliados».
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Además, el senador afirmó que esperaba «con interés» una disculpa de la congresista Luna por «instrumentalizar el proceso ético».
Denuncia en plena tensión del Capitolio
- La denuncia se produjo el pasado mes de abril, en un momento de máxima tensión en el Capitolio, ya que dos de sus cargos renunciaron por acusaciones de mala conducta sexual.
- El demócrata por California Eric Swalwell y el republicano por Texas Tony Gonzales se enfrentaban a la posibilidad de ser expulsados por la Cámara, lo que aceleró sus decisiones de retirarse.
Un estudio de la Liga Nacional de Defensa de las Mujeres revela que hasta treinta miembros del Congreso han sido acusados de acoso sexual en el lugar de trabajo a lo largo de los últimos 20 años, aunque es probable que la cifra sea mucho mayor, ya que son pocos los casos que se denuncian públicamente.
El Comité de Ética reiteró que todas las denuncias recibidas son evaluadas bajo estrictos protocolos de confidencialidad y verificación de evidencias, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso y proteger tanto a los denunciantes como a los investigados.
En este caso, los miembros del organismo señalaron que las pruebas presentadas no alcanzaron el umbral necesario para sustentar sanciones o acciones disciplinarias adicionales.
Tras el cierre del expediente, analistas políticos en Washington consideran que el resultado podría fortalecer temporalmente la posición de Rubén Gallego dentro del Partido Demócrata, aunque advierten que el impacto a largo plazo dependerá de la evolución del clima político en el Congreso y de futuras controversias que puedan surgir en el contexto electoral de cara a 2028.
El caso también ha reavivado el debate en el Congreso sobre la necesidad de reforzar los mecanismos internos para la investigación de denuncias de conducta inapropiada, especialmente en lo relativo a la financiación de campañas y el uso de influencias políticas.
Diversos legisladores han pedido revisar los protocolos actuales para evitar que situaciones similares generen polarización o dudas sobre la imparcialidad de los procesos.
