Una ley de residuos sólidos se aprueba con urgencia y sin los estudios técnicos que exige una reforma de este calibre. Casi se triplica el aporte de las grandes empresas a un fideicomiso que manejaría hasta RD$9,000 millones anuales. ¿Quién audita ese fondo? ¿Quién decide a dónde va el dinero? Cuando una ley huele más a recaudación que a reforma, el problema nunca fue el reciclaje.
