Santo Domingo.– El Ministerio Público solicitó al Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que envíe a juicio a todos los acusados por el robo de miles de proyectiles, armas y pertrechos de la Policía Nacional.

Según la investigación, el caso de corrupción provocó un perjuicio al Estado superior a RD$92 millones. La jueza Patricia Padilla fijó la lectura de la decisión para el 29 de julio de 2026.

Durante la audiencia preliminar, el fiscal litigante Enmanuel Ramírez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, aseguró que el órgano acusador presentó pruebas suficientes para que todos los imputados que no alcanzaron acuerdos sean enviados a juicio.

«Confiamos en que este tribunal acogerá en su totalidad la acusación y enviará a juicio a los imputados para que sean conocidas las pruebas presentadas por el Ministerio Público», expresó Ramírez al salir del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Ministerio Público pide enviar a juicio a todos los acusados por el robo de miles de proyectiles de la Policía Nacional
Ministerio Público pide enviar a juicio a todos los acusados por el robo de miles de proyectiles de la Policía Nacional

Acuerdos, condenas y cierre de empresa

El representante del Ministerio Público explicó que la solidez del expediente llevó a que dos de los imputados aceptaran acuerdos mediante un procedimiento penal abreviado, mientras que otros dos solicitaron ser enviados directamente a juicio.

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Como parte de esos acuerdos, Marino Rodríguez fue condenado a cinco años de arresto domiciliario, mientras que Miguelina Bello Segura recibió una condena de tres años, de los cuales cumplirá un año y seis meses en arresto domiciliario y el resto quedó suspendido.

Además, el tribunal ordenó el cierre definitivo de la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L., así como el decomiso de armas de fuego y múltiples municiones ocupadas durante el allanamiento realizado en sus instalaciones.

Ramírez recordó que el caso salió a la luz en noviembre de 2024, cuando las autoridades detectaron la desaparición de miles de municiones y accesorios bajo custodia de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional.

Una presunta red de corrupción dentro de la Policía

La investigación, desarrollada en el marco de la Operación Pandora, sostiene que la estructura criminal operaba desde la Intendencia de Armas de la Policía Nacional y se dedicaba a sustraer municiones, armas y otros pertrechos que posteriormente eran vendidos de manera ilegal a particulares y miembros de organismos militares.

Entre los principales acusados figura el exintendente de Armas, el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien permanece en prisión preventiva, al igual que el capitán Nelson Valdez, entonces responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos de la institución.

El expediente también incluye a Víctor Manuel Santos Rodríguez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina, Juan Miguel Soler Pérez y Morelbin Medina Pérez, quienes cumplen diferentes medidas de coerción.

  • De acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el caso involucra a 11 personas físicas
  • Acusadas de participar en la sustracción y comercialización ilegal de proyectiles, armas, explosivos y otros materiales propiedad de la Policía Nacional.

El caso salió a la luz en noviembre de 2024, cuando las autoridades detectaron la desaparición de miles de proyectiles, armas y otros pertrechos bajo custodia de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional.

A partir de las investigaciones, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Pandora, con la que desmanteló una presunta red integrada por agentes policiales y civiles dedicada a sustraer y comercializar de manera ilegal ese material.