Santo Domingo.- La Presa Monte Grande, considerada durante años el proyecto llamado a transformar el desarrollo del sur del país, vuelve a estar en el centro del debate.
Mientras las autoridades aseguran que la obra sigue avanzando y que las infraestructuras pendientes serán licitadas próximamente, comunitarios, productores y organizaciones de la región denuncian que el proyecto original habría sido modificado, lo que reduciría el impacto económico y agrícola que durante décadas esperaron miles de familias.
La incertidumbre aumenta porque, a más de 16 años del inicio de su construcción, las obras complementarias continúan pendientes y todavía no existe una fecha oficial para concluir el proyecto en su totalidad.
Millonaria inversión y cambios que generan preocupación
Construida sobre el río Yaque del Sur, entre las provincias Barahona y Azua, la presa también beneficia a Bahoruco e Independencia y posee una capacidad de almacenamiento de 350 millones de metros cúbicos de agua. El embalse fue inaugurado por el presidente Luis Abinader en enero de 2024 como parte de la primera fase del proyecto.
El contrato original fue firmado en 2009 por un monto de US$354.2 millones, pero cinco adendas elevaron el costo hasta US$588.9 millones, un incremento superior a US$234 millones respecto al presupuesto inicial.
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Sin embargo, el principal reclamo de diversos sectores no gira únicamente en torno al costo, sino a los cambios que, según denuncian, afectarían el alcance del proyecto concebido originalmente.
Representantes de la Coalición Enriquillo, productores agrícolas, empresarios y líderes religiosos sostienen que el diseño inicial contemplaba obras que impulsarían el desarrollo integral de la región, entre ellas la construcción de canales de riego, una hidroeléctrica, el abastecimiento de agua potable por gravedad y nuevas infraestructuras para incorporar cientos de miles de tareas agrícolas a la producción.
Según Leonardo Mercedes, coordinador de la Coalición Enriquillo, la eliminación del canal lateral que abastecería una amplia zona agrícola impediría que unas 250 mil tareas se incorporen al sistema de riego, frustrando el impacto económico esperado para la región.
Comunidades desplazadas esperan cumplir promesas
La construcción del embalse obligó al traslado de comunidades completas como Monte Grande, Los Güiros, San Simón y La Meseta, cuyos habitantes recibieron viviendas en el nuevo centro poblado inaugurado en 2023.
No obstante, los comunitarios aseguran que todavía esperan el cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado, principalmente la entrega de parcelas agrícolas que les permitirían recuperar su medio de vida.
Santos Ferreras, representante del Comité de Protección y Defensa de la Comunidad Presa Monte Grande, afirmó que aunque las viviendas fueron entregadas, las tierras prometidas aún no han sido adjudicadas, pese a los acuerdos firmados con las autoridades.
También cuestionó las compensaciones económicas pagadas a algunos parceleros, al considerar que fueron insuficientes para adquirir nuevas propiedades agrícolas.
Desde el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) reconocen que la entrega de los terrenos aún está pendiente, aunque atribuyen la demora a dificultades técnicas relacionadas con la disponibilidad de las parcelas originalmente previstas.
El asesor en gestión medioambiental del organismo, Juan Fulvio Ureña, explicó que ahora se trabaja en un nuevo esquema que contempla fincas tecnificadas de diez tareas con sistemas modernos de riego, cuya entrega, aseguró, se realizará una vez concluyan los procesos pendientes.
INDRHI defiende los cambios por razones ambientales
Las modificaciones al proyecto, según el INDRHI, responden principalmente a criterios ambientales.
La institución sostiene que parte de los terrenos donde originalmente se proyectaba ampliar el riego quedaron dentro del Parque Nacional La Gran Sabana o forman parte de una cuenca sensible vinculada al Lago Enriquillo, por lo que llevar más agua hacia esa zona podría alterar su equilibrio hídrico y aumentar el riesgo de inundaciones.
Por esa razón, el organismo asegura que el nuevo enfoque consiste en optimizar los sistemas de riego existentes mediante tecnologías como el riego por goteo y la modernización de la infraestructura agrícola, en lugar de ampliar significativamente la superficie irrigada.
Asimismo, confirmó que mantiene en sus planes la construcción de una central hidroeléctrica de 13.2 megavatios, cuya licitación pública sería convocada una vez concluyan los procesos técnicos correspondientes.
Documentos técnicos también alertan sobre filtraciones
«Otro aspecto que ha despertado inquietud son varios informes técnicos internos que advierten sobre filtraciones detectadas durante las evaluaciones realizadas en la presa».
Los documentos, elaborados por especialistas y remitidos a la dirección del INDRHI en 2025, recomiendan profundizar las investigaciones para determinar el comportamiento del flujo de agua y evaluar cualquier posible impacto sobre la seguridad de la estructura.
Sin embargo, el INDRHI sostiene que las evaluaciones realizadas concluyen que la presa cumple con los estándares internacionales de seguridad y que lo observado corresponde a procesos de percolación natural del terreno, sin evidencias de arrastre de materiales que comprometan la estabilidad de la obra.
Una obra que podría extenderse hasta 2030
- Las proyecciones oficiales indican que la Presa Monte Grande y todas sus obras complementarias podrían estar completamente terminadas hacia 2030, lo que significaría más de 21 años desde la firma del contrato original.
- De concretarse ese cronograma, el proyecto habrá atravesado cuatro administraciones presidenciales antes de concluirse, mientras en la región Enriquillo persiste la expectativa de que la obra pueda cumplir con la promesa de transformar el desarrollo agrícola, económico y social del sur dominicano.