Santo Domingo.- El exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, aseguró este miércoles que durante el proceso judicial en su contra fueron ocultados documentos que, según sostiene, favorecían su defensa y que habrían evitado que permaneciera casi ocho meses en prisión preventiva.
Peralta explicó que el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva, alegando que representaba un peligro para la investigación, bajo el argumento de que habría impedido que la Superintendencia de Valores entregara información requerida mediante una orden judicial.
Según afirmó, ese mismo argumento fue presentado tanto ante la jueza que conoció la medida de coerción como, posteriormente, ante la Corte cuando apeló la decisión que modificó su prisión preventiva.
No obstante, aseguró que meses después sus abogados solicitaron una certificación a la Superintendencia de Valores para verificar si esa institución había cumplido con el requerimiento de las autoridades.
De acuerdo con Peralta, el documento establece que la Superintendencia de Valores respondió a la orden judicial mediante una comunicación fechada el 20 de julio de 2021, menos de un mes después de emitida la autorización judicial del 24 de junio de ese año, y que dicha respuesta fue recibida por el propio Ministerio Público ese mismo día.
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A su juicio, esa certificación demuestra que la información requerida ya estaba en poder de los investigadores, por lo que, según dijo, nunca existió riesgo de que pudiera obstaculizar la investigación.
«Lo ocultaron para dejarme detenido ocho meses», afirmó.
El exfuncionario sostuvo que esa certificación nunca fue incorporada al expediente judicial y aseguró que fue escondida deliberadamente.
«No fue parte del expediente. Lo escondieron», expresó.
Peralta también denunció que ese no fue el único documento que, según él, fue ocultado durante el proceso.
Afirmó que existía un primer interrogatorio practicado a Bolívar Ventura —uno de los testigos del caso— que, según dijo, también fue ocultado y tuvo que ser localizado posteriormente.
Explicó que ese interrogatorio, realizado el 27 de noviembre de 2021, establece que tres cheques por valores de RD$25 millones, RD$25 millones y RD$50 millones fueron entregados a otras personas dentro de otro expediente judicial.
Sin embargo, aseguró que, más de un año después, en un segundo interrogatorio realizado el 9 de diciembre de 2022, el mismo testigo declaró que esos mismos cheques habían sido entregados a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta.
El exministro calificó ambas versiones como totalmente contradictorias y sostuvo que un mismo instrumento financiero no podía tener dos destinos distintos en dos expedientes diferentes.
A su juicio, esa contradicción constituye un «fraude procesal» y una violación al deber de lealtad procesal.
«Solo por esto este caso no debería existir», manifestó.
Peralta insistió en que ninguna de esas situaciones fue tomada en cuenta por el Ministerio Público y reiteró que ninguna prueba documental lo vincula con actos ilícitos.
En ese sentido, afirmó que todas las auditorías practicadas durante su gestión concluyeron sin observaciones y que el Ministerio Administrativo de la Presidencia ni siquiera fue objeto de investigación dentro del expediente.
Asimismo, aseguró que nunca fue interrogado sobre las declaraciones del testigo que posteriormente lo señaló en el proceso.
Explicó que únicamente fue citado una vez por la Procuraduría, donde —según relató— solo le formularon preguntas sobre la estructura y funcionamiento del Ministerio Administrativo, las Visitas Sorpresa, el Despacho de la Primera Dama, la OISOE y los Comedores Económicos.
Indicó que nunca le preguntaron por las acusaciones que luego fueron utilizadas para solicitar su arresto.
Finalmente, sostuvo que decidió hacer públicas estas denuncias porque entiende que la verdad no podía quedarse únicamente dentro de una sala de audiencias, y advirtió que situaciones como las que, según afirma, ocurrieron en su caso no deben repetirse en el país.